Por Redacción
5 de junio de 2026
SAN JOSÉ — El Poder Ejecutivo confirmó que el próximo 19 de junio se llevará a cabo una visita oficial a la conflictiva zona de Crucitas de Cutris, en San Carlos. La mandataria ha manifestado que ya «alista las botas» con el fin de mostrar en el propio terreno la compleja realidad que se vive en la región septentrional del país. Sin embargo, a pocos días del viaje, aún persiste la incertidumbre sobre cuáles diputados aceptarán la convocatoria y la acompañarán en el recorrido.
El objetivo del Gobierno es evidenciar de primera mano el impacto de las actividades ilícitas y coordinar acciones conjuntas entre los distintos poderes de la República, en un escenario donde las autoridades intentan adentrarse en un terreno completamente dominado por el fango y la ilegalidad.
El anuncio de la visita el 19 de junio no ha sido recibido con aplausos unánimes; por el contrario, ha levantado una ola de cuestionamientos tanto en el plano político como en las comunidades fronterizas. Sectores de oposición y agrupaciones comunales coinciden en que el viaje corre el riesgo de quedarse en un simple «show político» si no va acompañado de decretos, presupuestos reales y un plan de contingencia inmediato.
Entre las principales críticas que enfrenta el Ejecutivo se encuentran:
El fantasma de las promesas olvidadas: Los vecinos de Cutris y localidades aledañas manifiestan un profundo desgaste ante lo que llaman «turismo político». Recuerdan que no es la primera vez que altos jerarcas llegan a la zona a tomarse fotografías con botas llenas de barro y prometer reactivación económica, agua potable y seguridad, promesas que, según los dirigentes comunales, terminan disolviéndose tan pronto las comitivas regresan a San José.
Falta de soluciones estructurales para el desarrollo: Los pobladores critican que el enfoque del Gobierno sigue siendo puramente reactivo. Exigen que, más allá de los discursos sobre el resguardo del oro, se presenten planes concretos para generar empleo formal y alternativas agrícolas, ya que el abandono estatal crónico es lo que empuja a muchos lugareños a depender indirectamente de las dinámicas de la minería ilegal.
Cuestionamientos a la efectividad policial: Diputados de diversas bancadas señalan la contradicción de realizar un despliegue mediático cuando el Ministerio de Seguridad Pública enfrenta serias limitaciones de recursos en la zona. Critican que las visitas temporales solo provocan que los «coligalleros» se escondan provisionalmente en la montaña o crucen la frontera hacia Nicaragua, para reactivar la extracción masiva de oro con mercurio apenas las autoridades se retiran del sitio.
Para los líderes comunales, el éxito de la jornada no se medirá por cuántos diputados logren caminar por los terrenos lodosos que retratan las caricaturas de la crisis, sino por los compromisos legales y financieros firmados sobre la mesa una vez que las botas se hayan limpiado.
La cruda realidad de Crucitas: Oro, ambiente y migración
La comitiva que viaje el 19 de junio se enfrentará a una crisis multidimensional que lleva años desgastando la soberanía y los recursos del país:
El persistente robo de oro: A pesar de los constantes patrullajes policiales, los denominados «coligalleros» continúan extrayendo de forma clandestina el material aurífero. El contrabando de cargamentos y sedimentos ricos en oro hacia el exterior sigue representando una fuga millonaria de recursos.
Grave afectación ambiental: La extracción ilegal ha convertido áreas boscosas en terrenos baldíos, lodosos y plagados de cráteres artificiales. El uso indiscriminado de mercurio y cianuro para procesar el material no solo destruye la capa vegetal y los suelos, sino que mantiene contaminadas las fuentes de agua locales, comprometiendo la salud de los habitantes de la zona.
Complejidad migratoria y seguridad: La zona fronteriza opera bajo una dinámica de constante flujo migratorio irregular. Cientos de personas extranjeras indocumentadas se asientan en campamentos improvisados para trabajar en las minas clandestinas, lo que a menudo genera tensiones de seguridad ciudadana y desborda la capacidad de las fuerzas del orden apostadas en el sitio.
Dudas en el Congreso y el marco legal
El viaje presidencial busca presionar de forma política para destrabar o robustecer la agenda legislativa en torno a la explotación minera y la seguridad nacional. No obstante, la lista definitiva de legisladores que asistirán sigue siendo una incógnita. Mientras que algunas fracciones de oposición miran la iniciativa con escepticismo —calificándola de «acto político» o cuestionando la efectividad real del despliegue en el terreno—, otros diputados apuntan a la necesidad de crear un marco legal definitivo que solucione el limbo jurídico y ambiental de Crucitas.
Para el Ejecutivo, la meta es clara: lograr que los tomadores de decisiones se «ensucien las botas» para dimensionar que el problema de Crucitas va mucho más allá de un debate en el plenario y requiere intervenciones estructurales urgentes.
