Seis meses han pasado desde que cerca de 70 familias de Chorreras de Cutris, en la frontera norte de Costa Rica, fueron desalojadas de las tierras donde por más de cuatro décadas construyeron sus hogares, criaron a sus hijos y levantaron una comunidad. Hoy, el dolor sigue intacto y las heridas aún no cicatrizan.
El pasado fin de semana, el licenciado Karl Villalobos Hoffman y el periodista Luis Castrillo visitaron la zona para conocer de cerca la situación que enfrentan las familias afectadas, luego del polémico operativo que terminó con el desalojo y la quema de numerosas viviendas.
“Nos trataron como extranjeros en nuestra propia tierra”, relataron algunos de los afectados, quienes aseguran que, además de ser expulsados, no se les permitió rescatar muchas de sus pertenencias antes de que las casas fueran destruidas.
Las familias fueron desalojadas tras una orden judicial emitida por un juez bajo una presunta causa de usurpación. Sin embargo, seis meses después, un tribunal desestimó dicha acusación, dejando sin efecto el proceso penal. Para muchos, la resolución llegó demasiado tarde.
“El daño ya estaba hecho”, lamentan los vecinos, quienes quedaron literalmente en la calle, separados de una comunidad donde algunos aseguran haber vivido por más de 40 años.
Durante el recorrido, Villalobos y Castrillo caminaron por lo que alguna vez fue Chorreras: un territorio que hoy muestra rastros de abandono, estructuras consumidas por el fuego y recuerdos de familias que perdieron todo.
Según explicó el abogado Karl Villalobos Hoffman, intentaron llegar hasta las cercanías del río San Juan para documentar parte de la situación; no obstante, un oficial de policía les impidió detenerse, argumentando que se trataba de una “zona restringida”.
El abogado cuestionó esa restricción, alegando que no se presentó ningún fundamento legal o documento que respaldara tal prohibición, por lo que valoran la posibilidad de interponer un recurso de amparo.
Mientras tanto, las familias siguen intentando rehacer sus vidas lejos de la tierra que llamaron hogar durante décadas. Algunos viven donde familiares, otros pagan alquileres improvisados y varios aún luchan por recuperar estabilidad tras una decisión judicial que, según reclaman, terminó siendo desestimada, pero que dejó consecuencias irreparables.
La historia de Chorreras continúa generando cuestionamientos sobre el impacto humano de los desalojos, el respeto a los derechos de las comunidades fronterizas y la responsabilidad institucional cuando una causa termina archivada, pero las familias ya lo perdieron todo.
