DESALOJADOS PARA NADA? Fiscalía pide desestimar causa contra familias expulsadas de Chorreras tras quema de viviendas y décadas de arraigo
Lo que durante meses fue presentado como una supuesta recuperación de territorio invadido en Chorreras de Cutris, San Carlos, hoy da un giro que podría abrir un enorme debate jurídico y social en Costa Rica: la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Alajuela solicitó la desestimación de la causa penal contra decenas de familias que fueron desalojadas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, tras concluir que no existen pruebas suficientes para demostrar que cometieron delito.
La decisión judicial preliminar cae como un balde de agua fría sobre un conflicto que dejó viviendas destruidas, familias desplazadas y una comunidad prácticamente borrada del mapa, pese a que muchos de sus habitantes afirmaban tener décadas de vivir en la zona.
Según el documento judicial de la causa 25-000857-0306-PE, firmado el 22 de enero de 2026 por la fiscal auxiliar Adriana Rodríguez Córdoba, no fue posible determinar que las personas investigadas fueran quienes construyeron las viviendas dentro del área protegida ni que existiera dolo o intención criminal en la ocupación del territorio.
La Fiscalía reconoce incluso que varias estructuras eran de “vieja data” y que algunas familias llevaban largos periodos de residencia en el lugar, mientras otras ocupaban propiedades arrendadas o facilitadas por terceros.
Más de 49 años de arraigo y hasta una escuela
Habitantes de Chorreras sostienen que algunas familias tenían hasta 49 años de vivir en la zona fronteriza, formando una comunidad establecida con casas, pulperías, sodas, corrales y hasta una escuela.
El mismo expediente menciona una infraestructura utilizada como escuela, con aulas cercadas y servicio eléctrico, evidencia de que el asentamiento tenía organización comunal y presencia permanente de población.
Pese a ello, las estructuras fueron desalojadas y destruidas el 22 de noviembre de 2025, según consta en el documento fiscal.
La gran interrogante ahora es inevitable: ¿fueron expulsadas familias enteras sin que existieran suficientes elementos para acusarlas penalmente?
Fiscalía: hubo duda razonable
En su argumentación, la Fiscalía concluye que existía una “duda razonable” sobre si las personas actuaron con conocimiento de estar incurriendo en una ilegalidad.
El documento señala que gran parte de los ocupantes eran personas de escasos recursos, con baja escolaridad, muchas de ellas migrantes o trabajadores rurales, y que varios simplemente vivían en propiedades facilitadas por terceros, sin claridad sobre el estatus legal de los terrenos.
Además, resalta que el desalojo se realizó de forma pacífica y que la mayoría abandonó sus casas antes de la intervención.
En términos simples, la Fiscalía sostiene que no logró probar intención criminal ni responsabilidad directa en la construcción de viviendas dentro del refugio.
¿Puede venir una ola de demandas contra el Estado?
Abogados consultados por vecinos de la zona no descartan que algunas familias puedan valorar acciones judiciales contra el Estado por daños patrimoniales, pérdida de viviendas, afectaciones económicas y desarraigo social, especialmente si se demuestra que existían personas con décadas de permanencia en el sitio.
El caso podría convertirse en un precedente nacional sobre los alcances de los desalojos en territorios fronterizos y áreas protegidas.
Chorreras no sería un caso aislado
El debate va mucho más allá de Chorreras.
En la franja fronteriza norte existen al menos 22 poblados en condiciones similares, establecidos históricamente dentro o cerca de la milla fronteriza, incluyendo sectores de Los Chiles, Boca San Carlos, Upala y otras comunidades donde durante décadas se ha permitido asentamiento humano, servicios públicos e incluso escuelas.
Para muchos vecinos, Chorreras podría representar apenas el primer capítulo de un conflicto mucho mayor sobre ocupación histórica, abandono estatal y derechos adquiridos en territorios fronterizos.
Mientras tanto, decenas de familias siguen esperando respuestas tras perder sus casas y ver desaparecer la comunidad donde crecieron generaciones enteras.
La pregunta que queda en el aire es contundente: si no había pruebas suficientes para acusarlos, ¿por qué terminaron en la calle?
