Cisneros arremete con diputados que dudan ir a Crucitas con Laura los llama “cobardes”

Cisneros arremete contra diputados que dudan ir a Crucitas con Laura Fernández: “Que no sean cobardes”

La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, lanzó fuertes críticas contra los diputados que aún no confirman si acompañarán a la presidenta Laura Fernández en una visita programada a Crucitas de Cutris de San Carlos el próximo 19 de junio, donde el Gobierno pretende exponer la situación relacionada con la extracción ilegal de oro y presentar su visión sobre el futuro de la zona.

Cisneros cuestionó especialmente a legisladores del Frente Amplio, luego de que algunos miembros de esa bancada indicaran que todavía analizan si asistirán al recorrido. La diputada insistió en que los congresistas deberían presentarse para observar de cerca lo que ocurre en Crucitas y conocer la magnitud del problema.

“Vayan para que vean la realidad”, señaló Cisneros, al insistir en que en el sitio existe un saqueo permanente del oro por parte de coligalleros, muchos de ellos migrantes nicaragüenses que ingresan a realizar minería artesanal ilegal.

La polémica surgió luego de que el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, afirmara que su fracción aún no ha tomado una decisión sobre si participará en la visita presidencial. Según indicó, no consideran que un recorrido más cambie el panorama, debido a que han estado en Crucitas en múltiples ocasiones.

Araya cuestionó la intención del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno busca convertir la actividad en un acto mediático más que en un verdadero espacio para construir acuerdos.

“El pueblo de Crucitas necesita soluciones reales y no espectáculos políticos”, manifestó el legislador, quien además acusó a la presidenta de recurrir constantemente a la confrontación y a los ataques contra sectores opositores.

El congresista sostuvo que desde el Frente Amplio han impulsado iniciativas legislativas orientadas a generar alternativas para la zona, ante una problemática que, asegura, no se resolverá únicamente con visitas oficiales.

Liberación sí asistirá

Por su parte, la fracción del Partido Liberación Nacional confirmó que sí participará en la gira convocada por la Presidencia, por lo que varios diputados verdiblancos acompañarán a Laura Fernández a Crucitas para conocer la propuesta gubernamental y escuchar a comunidades afectadas.

La visita ha generado expectativa debido al intenso debate nacional sobre el futuro de la explotación minera en Crucitas, una zona marcada por la controversia desde hace más de una década.

Una región golpeada por minería ilegal, pobreza y abandono

Crucitas enfrenta desde hace años una compleja realidad social, ambiental y de seguridad. La extracción ilegal de oro ha provocado severos daños ambientales, incluyendo deforestación, remoción de suelos, contaminación de quebradas y afectación de ecosistemas sensibles.

Además, las autoridades han advertido sobre redes criminales ligadas al robo de oro, tráfico de combustible, narcotráfico y delitos violentos, aprovechando la cercanía con la frontera norte y el difícil acceso a varios puntos de extracción clandestina.

La presencia masiva de coligalleros también ha incrementado tensiones sociales y migratorias en comunidades cercanas, donde vecinos denuncian inseguridad, disputas territoriales y un aumento de actividades ilícitas.

A esto se suma el sentimiento de abandono de muchos habitantes de Crucitas y poblados cercanos, quienes aseguran que históricamente han carecido de oportunidades laborales, infraestructura y mayor presencia institucional del Estado.

Alcalde sancarleño impulsa respaldo al proyecto del Gobierno

En medio del debate, el alcalde de San Carlos, Juan Diego González —quien anteriormente militó en Liberación Nacional y ahora se identifica con el movimiento político jaguar—, ha comenzado a mover apoyos para convencer a los sancarleños de que el proyecto impulsado por el Gobierno representa una oportunidad económica para el cantón.

Según ha defendido el jerarca municipal, una eventual explotación regulada del oro podría dejar cerca de ¢3.500 millones anuales al municipio para inversión en obras comunales, infraestructura y desarrollo local.

No obstante, el tema continúa generando división entre sectores ambientalistas, políticos y comunidades, mientras persisten interrogantes sobre el impacto ecológico, la legalidad de la explotación y los verdaderos beneficios económicos para la región.

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