Siete altos mandos policiales son removidos tras reprobar pruebas de polígrafo ordenadas por la Presidencia
San José. Una profunda sacudida en las estructuras de seguridad del país se produjo este lunes luego de que la presidenta de la República, Laura Fernández, ordenara la remoción inmediata de siete altos mandos policiales que no aprobaron las pruebas de polígrafo realizadas como parte de un proceso extraordinario de evaluación y control interno.
Las pruebas fueron aplicadas por especialistas vinculados a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), alcanzando a un total de 33 directores generales y regionales pertenecientes a distintos cuerpos policiales del país.
Entre las instituciones sometidas al proceso se encuentran la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía Profesional de Migración, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Academia Nacional de Policía y la Policía Penitenciaria.
Según la información divulgada, siete directores regionales de la Fuerza Pública no lograron superar la evaluación debido a que, presuntamente, los resultados detectaron respuestas engañosas durante interrogantes relacionadas con posibles vínculos con actividades criminales.
Las preguntas incluidas en la evaluación estaban dirigidas a determinar si los funcionarios habían recibido pagos provenientes del narcotráfico, si habían obtenido enriquecimiento ilícito, si colaboraron con organizaciones criminales, si suministraron información confidencial a estructuras del narcotráfico internacional o si facilitaron operaciones relacionadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.
Funcionarios removidos
Los funcionarios señalados como reprobados en la prueba son:
- Comisionado Francisco Cordero, director regional de la Fuerza Pública de Puntarenas.
- Comisionado Allan Obando, director regional de la Fuerza Pública de Alajuela.
- Comisionado Junier Villalta, director regional de la Fuerza Pública en la Frontera Norte y Crucitas.
- Comisionada Erika Madriz, directora regional de la Fuerza Pública de Heredia.
- Comisionado Adrián Noguera, director regional de la Fuerza Pública de Limón.
- Comisario Marlon Cubillo, exdirector general de la Fuerza Pública y actual director regional de San José.
- Comandante Edward Monestel, subdirector general de la Fuerza Pública.
Tras conocer los resultados, la mandataria instruyó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, para proceder con la sustitución inmediata de los funcionarios en sus respectivos cargos.
Investigación paralela
Además de las remociones, la Presidencia habría solicitado a la DIS y a la DEA iniciar investigaciones para determinar si existen elementos que permitan confirmar o descartar eventuales nexos entre los funcionarios señalados y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que las pesquisas buscarán establecer si existen movimientos patrimoniales irregulares, contactos con estructuras criminales o posibles filtraciones de información sensible relacionada con operativos policiales.
Medida sin precedentes
La evaluación mediante polígrafo forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno para fortalecer los controles internos dentro de los cuerpos policiales y reforzar la lucha contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública.
Analistas en materia de seguridad consideran que la decisión representa una de las acciones más contundentes adoptadas en los últimos años para someter a escrutinio a los altos mandos policiales, especialmente en momentos en que Costa Rica enfrenta una creciente presión del narcotráfico internacional y del crimen organizado.
Las autoridades no han informado quiénes asumirán de forma definitiva las direcciones regionales vacantes mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
