El futuro de Crucitas en juego: Los planes que chocan en la Asamblea Legislativa para enfrentar la crisis minera
Por: Redacción
San José, Costa Rica.
La crisis ambiental y de seguridad en Crucitas de San Carlos ha detonado una intensa batalla política en la Asamblea Legislativa. Distintas fracciones políticas han puesto sobre la mesa propuestas radicalmente opuestas para definir el destino del oro y el desarrollo social del distrito de Cutris. Mientras el Poder Ejecutivo apuesta por abrir las puertas a la explotación minera tradicional, la oposición propone alternativas financieras sostenibles que mantengan el mineral bajo tierra.
La propuesta del Gobierno: Minería a cielo abierto y subasta pública
El proyecto estrella enviado por el Poder Ejecutivo, bajo el expediente 24.717 («Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos»), busca legalizar la actividad minera a gran escala. La iniciativa pretende autorizar la exploración y explotación de oro en la totalidad de las 84.800 hectáreas que componen el distrito de Cutris.
El plan estipula que la Dirección de Geología y Minas (DGM) se encargará de preseleccionar a las empresas concesionarias, las cuales competirán posteriormente en una subasta pública. La adjudicación se otorgará a la compañía que ofrezca el mayor «royalty» o pago anual al país.
De acuerdo con el texto, la empresa ganadora deberá pagar un canon del 5% sobre las ventas brutas anuales del oro extraído, el cual se distribuiría de la siguiente manera:
72% destinado directamente a la Caja Única del Estado.
25% para la Municipalidad de San Carlos.
3% dirigido a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs) del cantón.
Oposición apuesta por «Bonos Verdes» y el oro bajo tierra
En la acera del frente, el Partido Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN) han unido fuerzas para presentar una alternativa diametralmente opuesta que descarta la extracción física del metal.
Ambas bancadas proponen la emisión de títulos, certificados digitales o bonos verdes. El valor de estos instrumentos financieros estaría respaldado por el oro que permanece enterrado en la roca dura, garantizando su conservación. Los recursos económicos captados a través de estos bonos se destinarían exclusivamente al financiamiento de proyectos productivos, científicos y sostenibles orientados a impulsar el desarrollo social de la zona norte.
Mano dura contra la minería ilegal
De forma paralela a la propuesta económica de los bonos verdes, el Frente Amplio ha presentado de manera individual un proyecto de ley enfocado en la seguridad y la soberanía ambiental. Esta iniciativa busca reformar la legislación actual para endurecer significativamente los castigos penales, estableciendo penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ejecuten o financien la minería ilegal en el territorio nacional.
El debate apenas empieza en el Congreso, donde se sopesará si el futuro de la región pasa por la reactivación de las excavaciones a cielo abierto o por la innovación de las finanzas ambientales internacionales.
