El Ministerio Público emitió este lunes un amplio pronunciamiento en el que rechazó las declaraciones realizadas por representantes del Poder Ejecutivo sobre la captura y el procesamiento judicial de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al considerar que esos señalamientos carecen de fundamento, debilitan la lucha contra el crimen organizado y afectan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La institución manifestó su “profunda preocupación” por las afirmaciones emitidas en las últimas horas, señalando que estas buscan sembrar dudas sobre las actuaciones realizadas durante el proceso judicial seguido contra el imputado de alta peligrosidad.
Según el Ministerio Público, resulta especialmente grave que se cuestione la legalidad y transparencia de diligencias que, asegura, se ejecutaron bajo estricto apego a la Constitución Política, el Código Procesal Penal y los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos.
Asimismo, recordó que las decisiones relacionadas con el traslado de personas privadas de libertad, el momento en que son conducidas a los despachos judiciales y la modalidad en que se desarrollan las audiencias corresponden exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad definidos por las autoridades competentes del sistema de administración de justicia.
La Fiscalía insistió en que actuará conforme a sus facultades legales en cada caso, independientemente de que sus decisiones resulten incómodas para otros poderes de la República.
Cuestionamientos al Poder Ejecutivo
En el comunicado, el Ministerio Público expresó su extrañeza por las preocupaciones manifestadas por el Poder Ejecutivo y planteó varias interrogantes que, a su criterio, deberían formar parte de un debate objetivo y responsable.
Entre ellas, preguntó por qué ha generado tanta preocupación que la audiencia contra alias “Diablo” se realice de forma presencial, cuando esta modalidad está prevista en el ordenamiento jurídico y responde a criterios procesales definidos por las autoridades judiciales.
También cuestionó las críticas surgidas por el traslado del imputado a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde tempranas horas, indicando que se trata de una medida logística y de seguridad habitual para la preparación de una audiencia de esa naturaleza.
Señalamiento sobre supuesta colaboración policial
Uno de los aspectos que el Ministerio Público calificó como de mayor gravedad fue la afirmación realizada por el propio imputado al momento de su captura, cuando aseguró haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública.
La institución señaló que, de comprobarse esa versión, se estaría ante un asunto de enorme relevancia para la seguridad nacional, por lo que considera indispensable que todas las autoridades competentes concentren sus esfuerzos en esclarecer los hechos.
En ese sentido, informó que tanto el Ministerio Público como el OIJ ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar si existió algún tipo de colaboración de funcionarios policiales con la organización criminal.
Defensa del trabajo institucional
El Ministerio Público lamentó que, en lugar de respaldar el trabajo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir el crimen organizado, se promuevan especulaciones que únicamente generan desinformación, desconfianza ciudadana y un innecesario desgaste institucional.
Además, sostuvo que quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada son precisamente los principales beneficiados cuando se desacredita al Poder Judicial y a las instituciones que combaten estas estructuras criminales.
La Fiscalía también destacó que la captura de alias “Diablo” fue posible gracias a un trabajo “hermético, conjunto y coordinado” entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, por lo que consideró injusto que ese esfuerzo se vea empañado por afirmaciones que calificó de irresponsables y carentes de fundamento.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, objetividad y firmeza en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, al tiempo que afirmó que la mejor respuesta frente a estas organizaciones será siempre el respeto al Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso de todos los poderes de la República con la verdad, la justicia y la seguridad de Costa Rica.
