La presidenta Laura Fernández quedó en el centro de la polémica luego de que distintos sectores políticos y ciudadanos cuestionaran lo que consideran un trato desigual al referirse a abogados vinculados con procesos por narcotráfico.
Durante la conferencia de prensa de este miércoles, la mandataria lanzó fuertes señalamientos contra el abogado Cristian Rodríguez Arce, quien asumió la defensa de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “El Diablo”. Fernández recordó que el jurista trabajó durante más de dos décadas en el Poder Judicial y también hizo referencia al cargo que ocupa su esposa como jueza penal en Limón, insinuando posibles cuestionamientos sobre la imparcialidad institucional.
No obstante, las críticas hacia la presidenta surgieron por no pronunciarse sobre la actuación del diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien recientemente dejó momentáneamente sus funciones legislativas para representar como abogado a José Abdiel Sánchez González, alias “Pana”, investigado por presunto tráfico internacional de drogas y lavado de dinero por una suma superior a los ?1.500 millones.
La ausencia de un pronunciamiento sobre ese caso ha sido interpretada por sus detractores como una muestra de falta de coherencia, al señalar que el Gobierno cuestiona con dureza a unos abogados mientras evita referirse a situaciones que involucran a figuras de su propio movimiento político.
Las críticas sostienen que el debate no gira en torno al derecho que tienen los abogados de ejercer la defensa de cualquier persona, un principio reconocido por la legislación costarricense, sino a la consistencia del discurso político. Quienes cuestionan al Ejecutivo consideran que resulta contradictorio promover una política de “mano dura” contra el crimen organizado y, al mismo tiempo, guardar silencio cuando un diputado oficialista participa en la defensa de un imputado por delitos de narcotráfico.
Diversas voces recuerdan que el Partido Pueblo Soberano llegó al poder prometiendo una nueva forma de hacer política, basada en la transparencia, la ética pública y el combate frontal contra la delincuencia organizada. Por ello, sostienen que las autoridades deberían aplicar los mismos estándares sin importar si los señalados pertenecen o no a su propio círculo político.
Para los críticos, la verdadera discusión no es jurídica, sino política y ética: afirman que quienes ocupan cargos de elección popular deben actuar de manera congruente con el mensaje que promueven ante la ciudadanía y evitar situaciones que puedan debilitar la credibilidad de su discurso contra el crimen organizado.
