La presidenta de la República, Laura Fernández, elevó este lunes el tono de sus críticas contra la Sala Constitucional al calificar a varios de sus magistrados como “usurpadores de las leyes”, al considerar que una reciente resolución del tribunal invade competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa y vulnera el principio de separación de poderes.
Durante declaraciones públicas, la mandataria insistió en que la sentencia emitida por la Sala IV el pasado 30 de julio constituye una intromisión en las atribuciones del Congreso, al ordenar la prórroga de los nombramientos vencidos de 12 magistrados suplentes y disponer que la Asamblea Legislativa vuelva a someter a votación la nómina que anteriormente fue rechazada por la bancada oficialista.
Según Fernández, la resolución altera el equilibrio entre los poderes del Estado y representa un precedente que, a su criterio, excede las competencias constitucionales del tribunal.
En ese contexto, la presidenta acompañó a la jerarca de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, a interponer una querella por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados constitucionales Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess, quienes integraron la mayoría que aprobó la resolución cuestionada.
La acción judicial busca que se investigue si los magistrados incurrieron en una actuación contraria al ordenamiento jurídico al emitir el fallo, argumento que tanto el Poder Ejecutivo como la Presidencia del Congreso sostienen al afirmar que la Sala Constitucional asumió funciones que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.
La controversia se originó luego de que la Sala Constitucional resolviera que, para evitar una afectación al funcionamiento del tribunal y garantizar la continuidad del servicio de justicia constitucional, debían mantenerse vigentes los nombramientos de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa concluye el proceso de designación correspondiente.
El pronunciamiento ha generado un intenso debate político y jurídico sobre los alcances de la resolución y el principio de independencia entre los poderes de la República. Mientras el Gobierno sostiene que el fallo representa una invasión de competencias, diversos sectores defienden que la Sala actuó dentro de sus atribuciones para asegurar la continuidad institucional y la tutela de los derechos constitucionales.
Se espera que la querella presentada siga el trámite correspondiente ante las autoridades judiciales, mientras continúa la discusión sobre el alcance de la resolución y sus implicaciones para el equilibrio entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
