La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, acompañará este lunes a un grupo de diputados a presentar una denuncia contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a quienes ha señalado de cometer un supuesto “golpe de Estado” por una reciente resolución relacionada con el nombramiento de magistrados suplentes.
Según la agenda oficial de Casa Presidencial, la actividad está programada para las 10:00 a.m. en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José. La Presidencia indicó que la agenda está sujeta a cambios.
La decisión de la mandataria se produce luego de que, el pasado jueves, la Sala Constitucional resolviera, por cuatro votos contra tres, un recurso de amparo presentado por un ciudadano y ordenara prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa conozca y vote la lista de candidatos remitida por el Poder Judicial desde el año anterior.
Tras conocerse el fallo, Fernández reaccionó con fuertes críticas y calificó como “golpistas” a los cuatro magistrados que votaron a favor de la resolución.
> “Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional”, manifestó la presidenta en un mensaje divulgado en redes sociales.
La mandataria sostuvo además que la resolución constituye “ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”, al considerar que el Congreso es el único órgano constitucional facultado para nombrar y remover magistrados.
Origen del conflicto
La controversia gira en torno a la designación de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. La Asamblea Legislativa ha devuelto en tres ocasiones la nómina de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia, sin proceder a su votación y sin que se hayan brindado mayores explicaciones sobre esa decisión.
Como consecuencia, desde diciembre del año anterior la Sala Constitucional ha venido funcionando sin magistrados suplentes, quienes son indispensables para sustituir a los magistrados propietarios cuando se encuentran de vacaciones, incapacitados o deben inhibirse de conocer algún expediente.
Diversos sectores han advertido que esta situación ha incrementado la carga de trabajo del tribunal y el atraso en la resolución de recursos de amparo, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad.
Reacciones encontradas
Las declaraciones de la presidenta provocaron una amplia controversia en el ámbito político y jurídico.
Mientras el Gobierno sostiene que la Sala Constitucional invadió competencias exclusivas del Poder Legislativo, diversos juristas, diputados y figuras políticas han defendido que el tribunal actuó dentro de las facultades que le otorga la Constitución para garantizar el funcionamiento del máximo órgano encargado de proteger los derechos fundamentales.
Además, distintos actores han rechazado la utilización del término “golpe de Estado” para referirse a una resolución judicial.
Sin respaldo internacional
Tras las afirmaciones de la mandataria, hasta el momento no se han registrado pronunciamientos oficiales de gobiernos extranjeros ni de organismos internacionales respaldando la tesis del supuesto “golpe de Estado” denunciado por el Poder Ejecutivo.
Tampoco se conocen manifestaciones de apoyo por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, ni de otras administraciones de la región como las de El Salvador o Argentina.
La presentación de la denuncia de este lunes representa un nuevo episodio en la creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, luego de varios meses de fuertes cuestionamientos del Gobierno hacia distintas resoluciones judiciales y decisiones de la Sala Constitucional.
