La Fiscalía General de la República interpuso un recurso de amparo con solicitud de medida cautelar urgente contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al considerar que existen actuaciones u omisiones que podrían afectar derechos fundamentales y comprometer el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal.
De acuerdo con el documento, recibido por la Sala Constitucional este 7 de agosto de 2026 a las 10:42 a. m., la gestión fue presentada por el fiscal general Carlo Israel Díaz Sánchez y el fiscal Felipe Ortega Monge, en representación de la Fiscalía General de la República.
En el escrito, la Fiscalía señala que comparece en defensa de los intereses colectivos relacionados con la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, de las víctimas de los procesos penales y, en general, de quienes dependen del correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Asimismo, argumenta que las actuaciones cuestionadas serían susceptibles de provocar una lesión actual, directa y de especial relevancia constitucional sobre esos derechos, por lo que solicita la intervención de la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo y la adopción de una medida cautelar de carácter urgente.
Entre los antecedentes expuestos en el documento se menciona un convenio suscrito el 15 de marzo de 2018 entre el entonces ministro de Justicia y Paz, Marco Feoli Villalobos, y el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, como parte del contexto jurídico del caso.
La presentación de este recurso constituye un hecho de alta relevancia institucional, ya que es la propia Fiscalía General —órgano encargado de dirigir la investigación y persecución de los delitos— la que acude a la jurisdicción constitucional para solicitar una intervención urgente frente a decisiones que, a su criterio, podrían incidir en la tutela judicial efectiva y en el Estado de Derecho.
Ahora corresponderá a la Sala Constitucional analizar la admisibilidad del recurso y resolver tanto la solicitud de medida cautelar como el fondo del reclamo planteado por el Ministerio Público.
