El jefe del Ministerio Público, Carlo Díaz, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), tras la cancelación unilateral del convenio que permitía realizar audiencias judiciales de forma virtual dentro del sistema penitenciario.
El asunto se tramita bajo el expediente 26-028608-0007-CO y se encuentra en etapa de admisibilidad.
Los argumentos de la Fiscalía
Díaz sostiene que la interrupción abrupta del acuerdo vulnera los derechos de los privados de libertad, víctimas y demás partes involucradas, al entorpecer el curso regular de los procesos penales.
Medida cautelar: El fiscal solicitó suspender de urgencia la decisión del MJP para mantener activa la plataforma tecnológica y asegurar la continuidad de las diligencias.
Fecha clave: La acción legal se presentó el 7 de agosto de 2026, cuatro días después de que la cartera anunciara la ruptura del convenio.
La postura del Ministerio de Justicia
El MJP argumentó que tomó la decisión basándose en las posturas del propio Poder Judicial en favor de las vistas presenciales. Como antecedente, citaron la negativa de realizar de forma virtual la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias, alias «Diablo».
Al respecto, Carlo Díaz aclaró que dicha diligencia requería presencialidad porque agentes de la DEA necesitaban abordar al imputado sobre un eventual proceso de extradición a Estados Unidos.
Justicia añadió que la cancelación del programa permitirá redistribuir el personal de custodia hacia la vigilancia interna de los centros penales.
Balance del servicio prestado en 2026
Entre enero y junio de 2026, el uso de las herramientas virtuales reportó la siguiente actividad en los centros penitenciarios:
2.416 audiencias virtuales realizadas en total (944 juzgados, 421 tribunales de juicio, 354 defensas y 697 trámites varios).
2.775 efectivos policiales movilizados para las labores de custodia y logística tecnológica durante ese periodo.
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