El Gobierno de la República presentará este miércoles ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca eliminar las pensiones asignadas a los expresidentes de Costa Rica.
La iniciativa será entregada a las 3:00 p. m. por el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, quien acudirá al Congreso para formalizar la presentación del proyecto.
La propuesta forma parte de la agenda impulsada por la administración de la presidenta Laura Fernández y pretende modificar el régimen que actualmente permite el otorgamiento de pensiones a quienes ocuparon la Presidencia de la República.
La presentación del proyecto ocurre en medio de un intenso debate político sobre el uso de recursos públicos, la transparencia y las decisiones del Poder Ejecutivo relacionadas con asuntos considerados de seguridad nacional.
Precisamente, uno de los temas que ha generado cuestionamientos en las últimas horas es la posición del Gobierno respecto a la publicidad de determinadas reuniones y documentos.
Mientras la administración defiende la declaratoria de secreto de Estado en asuntos que considera vinculados con la seguridad nacional, también ha mostrado disposición para que una reunión con jerarcas del Poder Judicial sea transmitida públicamente.
En ese encuentro participarían figuras como Patricia Solano, Orlando Aguirre, el fiscal general Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, entre otros jerarcas.
Los cuestionamientos se centran en si existe una diferencia clara entre la información que el Gobierno considera que debe mantenerse reservada por razones de seguridad nacional y aquella que puede ser expuesta públicamente mediante transmisiones de medios de comunicación.
El proyecto para eliminar las pensiones de los expresidentes deberá ahora iniciar su trámite legislativo, donde será analizado por los diputados y eventualmente sometido a discusión y votación en el Plenario.
Ojo al video: el contraste entre ambas posiciones ya genera reacciones y críticas en el escenario político nacional, mientras el Gobierno defiende su posición sobre la seguridad nacional y, paralelamente, impulsa cambios al régimen de pensiones de los exmandatarios.
