La Sala Constitucional mantiene bajo análisis dos procesos judiciales relacionados con la decisión del Poder Ejecutivo de clasificar como secreto de Estado determinada información vinculada con la seguridad nacional.
Los casos corresponden a un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad que fueron presentados por separado, pero posteriormente acumulados por la Sala IV debido a que ambos cuestionan el mismo decreto y plantean objeciones relacionadas con el acceso a información pública.
La declaratoria alcanza información relacionada con cuerpos y unidades de seguridad, entre ellas la Fuerza Élite y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Quienes recurrieron ante la Sala consideran que la medida podría establecer limitaciones excesivas al acceso ciudadano a información sobre el funcionamiento de organismos policiales y de inteligencia.
La vocera de la Sala Constitucional, Denise Mora, confirmó que los expedientes fueron acumulados y explicó que el análisis incluye determinar si la medida adoptada por el Ejecutivo respeta los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en tratados internacionales.
Uno de los puntos bajo revisión es la justificación utilizada para clasificar la información como secreto de Estado, así como la necesidad y proporcionalidad de la restricción.
El decreto ha provocado posiciones encontradas. Mientras sectores vinculados con la transparencia han advertido sobre posibles efectos en la fiscalización de las instituciones públicas, el Gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger información estratégica relacionada con la seguridad nacional.
La presidenta Laura Fernández ha sostenido que la declaratoria busca impedir que datos sensibles sobre operaciones, capacidades y métodos de los cuerpos de seguridad puedan ser utilizados por organizaciones criminales.
Ahora corresponderá a los magistrados constitucionales determinar si el decreto cumple con los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico o si, por el contrario, algunas de sus disposiciones vulneran derechos constitucionales relacionados con el acceso a la información pública.
