Las declaraciones del ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, sobre la eventual entrega de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) generaron una ola de cuestionamientos entre ciudadanos y figuras políticas.

Chaves criticó la posibilidad de repartir el ROP y advirtió sobre la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): “Tras que la Caja va a explotar porque no dan los números, ahora quieren que se reparta el ROP”.

Sus declaraciones contrastan con la posición que, según ciudadanos, mantuvo la actual presidenta Laura Fernández durante la campaña electoral, cuando se planteó la posibilidad de entregar estos recursos a los trabajadores.

En redes sociales, varios costarricenses cuestionaron la relación entre la situación financiera de la CCSS y el ROP, al considerar que se trata de recursos acumulados mediante el ahorro obligatorio de los trabajadores.

“¿Qué tiene que ver la Caja con el ROP?”, es una de las preguntas que más se repite entre quienes respaldan la entrega de los fondos. Otros consideran que antes de tomar una decisión debería aclararse jurídicamente quién es el verdadero propietario de esos recursos y bajo qué condiciones puede disponer de ellos.

El diputado Eder Hernández también se pronunció en contra de negar la posibilidad de retirar el ROP y afirmó que el tema debe ser tratado como una cuestión de justicia social.

“El ROP no es una pose electoral. Es una causa de justicia social”, manifestó.

Hernández sostuvo que esos recursos “nacieron del trabajo y del ahorro de los trabajadores” y cuestionó por qué los ciudadanos no pueden disponer plenamente de ellos.

“Si quienes gobiernan cambian de posición, que sea el pueblo quien tenga la última palabra. El ROP es de los trabajadores. Y la decisión también debe ser del pueblo”, afirmó.

El debate sobre el destino del ROP vuelve así al centro de la discusión política nacional, con posiciones encontradas entre quienes defienden mantener el ahorro para la jubilación y quienes consideran que los trabajadores deberían tener mayor libertad para disponer de esos recursos.