La Fiscalía General de la República presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, tras la decisión unilateral de dar por terminado el mecanismo de cooperación interinstitucional que permitía celebrar audiencias y diligencias judiciales virtuales con personas privadas de libertad.
El recurso (tramitado bajo el expediente N° 26-028608-0007-CO) fue interpuesto por el fiscal general, Carlos Israel Díaz Sánchez, y el fiscal auxiliar Felipe Ortega Monge, en defensa de los derechos de la población penitenciaria.
Impacto inmediato y riesgo de mora judicial
La medida dictada por el Ministerio de Justicia condiciona la realización de diligencias penales y de ejecución de la pena al traslado físico de los recluidos hacia las sedes judiciales.
Audiencias en riesgo: Tan solo en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, la decisión afecta la realización de aproximadamente 150 audiencias orales programadas en modalidad virtual para los meses de agosto y setiembre de 2026.
Afectación a derechos fundamentales: La Fiscalía argumenta que la eliminación abrupta de este sistema vulnera el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva (artículos 39 y 41 de la Constitución Política).
Riesgo procesal: La interrupción amenaza con generar mora judicial, el vencimiento de plazos de prisión preventiva y la prescripción de causas penales, perjudicando directamente a las víctimas.
Seguridad y gasto público: El traslado constante de privados de libertad incrementa los riesgos de seguridad y desaprovecha la inversión tecnológica realizada por el Poder Judicial en los centros penitenciarios desde la firma del convenio original en 2018.
Medida cautelar solicitada
Los recurrentes solicitaron a los magistrados una medida cautelar urgente para mantener operativa la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de las videoconferencias mientras se resuelve el recurso.
La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días hábiles al ministro Gabriel Aguilar Vargas para que rinda un informe sobre los hechos cuestionados. La tramitación del expediente fue asignada al magistrado instructor Fernando Cruz Castro.