El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió ante la Corte Plena que el recorte de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial, ordenado por el Ministerio de Hacienda, podría provocar una reducción significativa en las capacidades de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Según Díaz, la disminución presupuestaria —que contempla ¢9.536 millones menos para el OIJ— podría generar condiciones que favorezcan un escenario de mayor inseguridad y, a su criterio, formar parte de una estrategia política para debilitar al Poder Judicial.
“¿Y con este caos, qué es lo que se pretende? Bueno, tomar en definitiva el Poder Judicial”, afirmó el fiscal ante los magistrados.
Díaz aseguró que, pese a las limitaciones, la Fiscalía continuará trabajando para garantizar el acceso a la justicia y combatir la criminalidad.
“Vamos a trabajar, aunque sea con las uñas”, manifestó, al tiempo que sostuvo que no permitirán que “el caos reine”.
El fiscal también alertó que una reducción de recursos podría obligar al cierre de oficinas, limitar la atención a poblaciones vulnerables y concentrar los esfuerzos institucionales únicamente en los casos considerados urgentes.
Además, advirtió que la disminución de la capacidad operativa podría afectar los resultados obtenidos en materia de seguridad, incluido el descenso registrado en los homicidios respecto al mismo periodo del año anterior.
OIJ advierte sobre riesgo para la seguridad
El director a.i. del OIJ, Michael Soto, también expresó su preocupación ante los magistrados y señaló que la falta de recursos para enfrentar al crimen organizado podría generar un escenario de mayor violencia.
Soto explicó que la desarticulación de estructuras criminales puede provocar disputas por los espacios de poder dejados por estas organizaciones, por lo que considera necesario mantener una respuesta policial y judicial constante.
“Si no tenemos los recursos para combatir el crimen organizado, podría eventualmente entrar en un caos en el país”, advirtió.
El jerarca lamentó que parte de su tiempo, que debería estar dedicado a planificar investigaciones contra organizaciones criminales, ahora esté concentrado en determinar si las instituciones podrán cerrar el año con los recursos necesarios.
Magistrados cuestionan al Gobierno
Durante la sesión, el magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya lanzó dos preguntas públicas al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves: “¿A favor de quién está? ¿Del crimen organizado y el narcotráfico, o a favor de los costarricenses decentes y honorables?”. También cuestionó si el Gobierno busca reducir o aumentar la mora judicial.
Por su parte, el magistrado de la Sala III Gerardo Rubén Alfaro manifestó que las organizaciones criminales podrían beneficiarse de una reducción de recursos destinados a la investigación y persecución del delito.
La presidenta de la Sala III, Patricia Solano, también cuestionó que mientras mejores resultados obtiene el OIJ, en conjunto con el Ministerio Público y la judicatura, mayores sean las presiones presupuestarias sobre estas instituciones.
El debate se da en medio de las constantes diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como de los cuestionamientos del Gobierno a distintas investigaciones impulsadas por la Fiscalía General.