La discusión por el recorte de ?23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial elevó este lunes el tono dentro de la Corte Plena, luego de que el magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya cuestionara públicamente al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y pusiera sobre la mesa el posible impacto de la medida en la lucha contra el crimen organizado.
Durante la sesión, Araya lanzó una pregunta directa al jerarca de Hacienda y planteó si las decisiones presupuestarias del Gobierno favorecen el fortalecimiento de la seguridad y la justicia o, por el contrario, terminan debilitando las herramientas utilizadas para combatir a las organizaciones criminales.
«Le tengo dos preguntas públicas al ministro Chaves. ¿A favor de quién está? ¿Del crimen organizado y el narcotráfico, o a favor de los costarricenses decentes y honorables?», cuestionó el magistrado ante sus compañeros.
Araya también preguntó si el ministro está dispuesto a respaldar acciones que permitan reducir la mora judicial o si el recorte terminará provocando que los procesos se acumulen todavía más.
OIJ recibiría uno de los mayores impactos
La preocupación expresada por los magistrados se centra especialmente en las consecuencias que tendría el ajuste sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una de las instituciones que enfrentaría una de las reducciones más importantes.
Según los datos expuestos por el Poder Judicial, al OIJ se le pretende reducir aproximadamente ?9.536 millones, en momentos en que mantiene investigaciones y operativos relacionados con narcotráfico, homicidios, legitimación de capitales y estructuras vinculadas con el crimen organizado.
Para los integrantes de la Corte, disminuir recursos destinados a investigación criminal podría limitar la capacidad operativa de los cuerpos encargados de perseguir a las organizaciones delictivas.
La discusión tomó mayor relevancia debido a que, de acuerdo con la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, ?17.258 millones de los ?23.722 millones incluidos en el ajuste no representarían recursos disponibles para ser recortados, sino partidas comprometidas o que ya no tendrían contenido presupuestario.
La directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero, explicó que parte de la información utilizada por Hacienda tendría un desfase de aproximadamente dos meses y, por esa razón, no reflejaría la situación financiera actual de la institución.
Advierten afectación al funcionamiento judicial
Romero también advirtió que las consecuencias podrían presentarse incluso si la Asamblea Legislativa termina rechazando la solicitud de Hacienda.
Según explicó, mientras se resuelve el trámite relacionado con las partidas cuestionadas, el Poder Judicial podría enfrentar restricciones para ejecutar determinados recursos, lo que afectaría su capacidad de funcionamiento.
En la Corte Plena existe preocupación de que este escenario termine generando una subejecución presupuestaria, que posteriormente pueda ser utilizada para argumentar que la institución no necesita la totalidad de los recursos que tiene asignados.
Magistrados alertan sobre posible ventaja para el crimen organizado
El magistrado de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro, también manifestó su preocupación y señaló que las organizaciones criminales podrían terminar beneficiándose de una eventual reducción de recursos destinados a investigación y persecución penal.
«Deben estar frotándose las manos las organizaciones criminales al ver que estamos en estos niveles discutiendo rebajas de recursos esenciales para investigación y persecución», manifestó ante el pleno.
Alfaro cuestionó además qué podrían estar proyectando los grupos criminales ante un eventual debilitamiento de las instituciones encargadas de combatirlos.
Por su parte, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, relacionó la discusión presupuestaria con los resultados obtenidos recientemente por el OIJ y el Ministerio Público en investigaciones contra estructuras criminales.
«Qué curioso, conforme más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial en asocio con el Ministerio Público y la judicatura en el combate a la criminalidad, más se le golpea», expresó Solano.
Entre los casos mencionados se encuentran recientes investigaciones y operativos contra estructuras vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado, incluida la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
Buscan apoyo en la Asamblea Legislativa
Ante el escenario planteado, Jorge Araya propuso que las autoridades judiciales convoquen cuanto antes a las jefaturas de las fracciones legislativas que considera comprometidas con el fortalecimiento de la institucionalidad, con el objetivo de explicarles las posibles repercusiones del ajuste.
La intención es que los diputados conozcan de primera mano cómo una eventual reducción presupuestaria podría afectar las investigaciones penales, la atención de las víctimas y la capacidad de respuesta de las diferentes dependencias judiciales.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, informó que ya ha mantenido conversaciones con legisladores y que se buscará concretar nuevas reuniones durante los próximos días.
El enfrentamiento por los recursos del Poder Judicial se trasladará ahora al escenario legislativo, donde los diputados deberán analizar la propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto, dentro de la Corte Plena crece la preocupación de que una reducción de ?23.722 millones termine debilitando la capacidad de investigación, persecución y juzgamiento de delitos, precisamente cuando el país enfrenta una fuerte presión por el avance del crimen organizado.