La lucha contra la extracción ilegal de oro en Costa Rica vuelve a tomar fuerza. Este jueves, el Plenario Legislativo aprobó nuevamente en primer debate una reforma al Código de Minería que contempla penas de prisión para quienes realicen actividades mineras ilegales en terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado.
La iniciativa quedó encaminada hacia una eventual aprobación definitiva por parte de la Asamblea Legislativa. ??
De aprobarse en segundo debate, quienes realicen labores de reconocimiento, exploración, extracción o explotación minera dentro de parques nacionales, reservas biológicas u otras áreas silvestres protegidas podrían enfrentar penas de 2 a 8 años de prisión.
La reforma contempla modificaciones a los artículos 139, 140 y 141 del Código de Minería.
Pero las sanciones no se limitarían a quienes ingresen directamente a las zonas para extraer oro. El proyecto también establece castigos para quienes financien, promuevan, administren, organicen, faciliten, dirijan o se beneficien de actividades mineras realizadas sin los permisos o concesiones correspondientes.
En el caso de estas conductas, el artículo 140 plantea penas de 2 a 6 años de prisión, dependiendo de las circunstancias establecidas en la legislación.
?? Crucitas, nuevamente en el centro de la discusión
La discusión adquiere especial relevancia en Crucitas, Cutris de San Carlos, donde desde hace años se registra presencia de minería ilegal y de trabajadores conocidos como coligalleros.
Familias de mineros artesanales nicaragüenses han expresado preocupación ante la posibilidad de que sus familiares enfrenten procesos penales y han pedido que abandonen la zona. Otros trabajadores, según testimonios citados en el debate público, aseguran que permanecen en el lugar debido a la falta de alternativas económicas.
También se han planteado señalamientos sobre posibles redes de financiamiento, comercialización y logística detrás de la extracción ilegal de oro. Estas afirmaciones corresponden a denuncias y declaraciones públicas que deberán ser sustentadas por las autoridades competentes, por lo que no pueden atribuirse responsabilidades penales sin una investigación y resolución judicial.
El tema también ha generado cuestionamientos sobre el origen y destino del oro extraído ilegalmente, así como sobre las redes que podrían facilitar su comercialización.
La eventual entrada en vigencia de las nuevas penas representaría un endurecimiento de la respuesta penal contra la minería ilegal y pondría mayor presión sobre quienes operan dentro de áreas protegidas.
? La pregunta ahora es: ¿la reforma logrará frenar la actividad minera ilegal en Crucitas o las redes dedicadas a esta actividad buscarán nuevas formas de operar?