Patricia Solano desafía al oficialismo y defiende al Poder Judicial ante acusaciones de infiltración del narcotráfico
La magistrada Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, protagonizó una tensa comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde rechazó las acusaciones de que el crimen organizado y el narcotráfico estén infiltrados “hasta los tuétanos” en el Poder Judicial.
La sesión ocurrió el pasado 16 de julio, cuando Solano fue convocada para explicar la posición institucional del Poder Judicial y el Ministerio Público frente a temas como narcotráfico, criminalidad organizada, reincidencia delictiva, medidas cautelares, ejecución de penas y coordinación entre instituciones.
Desde el inicio, varios diputados oficialistas cuestionaron el desempeño del Poder Judicial y la utilización de los recursos destinados a combatir el crimen organizado.
Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando la diputada oficialista Cindy Murillo le preguntó directamente a Solano si estaría dispuesta a aspirar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en caso de que Orlando Aguirre no buscara continuar en el cargo.
“¿Aspiraría usted a la Presidencia del Poder Judicial? Conteste sí, no o tal vez”, le preguntó Murillo.
“No lo tengo decidido”, respondió Solano.
La posibilidad de que la magistrada busque la Presidencia de la Corte volvió a tomar fuerza esta semana, luego de que el magistrado Orlando Aguirre descartara buscar un nuevo periodo y el expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, lanzara fuertes cuestionamientos contra Solano por una eventual candidatura.
La magistrada acumula 38 años de trayectoria judicial. Inició labores en 1988 en los juzgados de San Ramón y posteriormente pasó por Cañas, Puriscal, Puntarenas y Alajuela. En 1998 llegó al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José y en 2018 fue designada magistrada de la Sala III, órgano que preside desde 2020.
Precisamente, la Sala III conoce causas relacionadas con funcionarios de los supremos poderes, entre ellas una investigación suspendida contra el expresidente Chaves debido a su inmunidad.
Solano cuestiona los recortes al Poder Judicial
Durante su comparecencia, Solano defendió la necesidad de contar con recursos suficientes para combatir el crimen organizado y cuestionó las decisiones del Ministerio de Hacienda relacionadas con el presupuesto judicial.
La magistrada aseguró que el Ministerio Público no había recibido recursos aprobados para fortalecer sus capacidades y puso como ejemplo el operativo Riverside, una de las investigaciones contra estructuras criminales más grandes desarrolladas en el país.
Según Solano, la operación requirió durante años recursos, fiscales, jueces y personal investigador, por lo que consideró contradictorio que, después de operaciones exitosas, se plantearan recortes presupuestarios.
“Sin recursos no”, sostuvo la magistrada al referirse a la capacidad de investigar y desarticular organizaciones criminales.
También cuestionó el recorte de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para lo que resta de 2026.
“Entre más exitosos son el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, pareciera que el mensaje que nos dan es que no se quiere combatir la seguridad ciudadana”, afirmó.
“¿Está infiltrado el Poder Judicial?”
Uno de los enfrentamientos más fuertes ocurrió con el diputado oficialista Fernando Obaldía, quien cuestionó a Solano por los casos de funcionarios judiciales investigados o detenidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
El legislador citó casos de jueces y funcionarios relacionados con almacenamiento de drogas, filtración de información de expedientes y presuntos sobornos, y le preguntó directamente:
“¿No es eso infiltración en el Poder Judicial? ¿Sí o no?”
Solano respondió que los casos señalados habían sido investigados por las propias autoridades judiciales.
La magistrada argumentó que el Poder Judicial cuenta con aproximadamente 1.100 jueces y que los casos mencionados representan una proporción mínima dentro de la Judicatura.
“Mil cien jueces y seis casos que se han dado corresponde a un 0,5% de todo el personal de la Judicatura”, señaló.
Ante otra pregunta del diputado sobre el supuesto “tufo” de corrupción dentro del Poder Judicial, Solano rechazó esa caracterización y aseguró que la institución mantiene mecanismos internos para detectar y sancionar conductas irregulares.
“Yo no hablaría de un tufo del Poder Judicial”, respondió.
También señaló que en investigaciones contra estructuras criminales han aparecido funcionarios de otras instituciones, incluido personal de la administración penitenciaria.
“¿Qué es, que también está infiltrado el Ministerio de Justicia?”, cuestionó.
Solano niega conocer nuevas pruebas de infiltración
Durante la comparecencia, el diputado José María Villalta preguntó si la presidenta Laura Fernández había entregado alguna prueba nueva que demostrara que el crimen organizado está infiltrado en el Poder Judicial.
La respuesta de Solano fue contundente:
“No conocemos, ni el Ministerio Público, ni en el OIJ, ni en la Fiscalía se ha presentado ningún caso”.
La magistrada aclaró que los casos de funcionarios judiciales señalados públicamente ya habían sido investigados por las propias autoridades y que, cuando existen elementos suficientes, se llevan los procesos correspondientes.
También defendió las decisiones de desestimación de causas, al señalar que no basta con señalar a una persona o formular una acusación sin pruebas.
“Para hablar de la gente y para comer pescado hay que tener cuidado”, recordó Solano, en referencia a una expresión popular que ya había utilizado al responder a cuestionamientos del Gobierno.
“El Poder Judicial no es el encargado de prevenir el delito”
Otro de los puntos centrales de la intervención de Solano fue su defensa del papel que corresponde a cada institución en materia de seguridad.
La magistrada recordó que el Poder Judicial interviene cuando los hechos delictivos ya ocurrieron y que la prevención de la criminalidad es una responsabilidad del Estado.
También relacionó la problemática de la delincuencia con la falta de inversión social y señaló que una gran parte de la población penitenciaria está integrada por hombres jóvenes con bajos niveles educativos.
“Prevención es un tema del Estado. Al Poder Judicial llega cuando ya los hechos sucedieron”, afirmó.
Para Solano, Costa Rica necesita una estrategia nacional de largo plazo para enfrentar la criminalidad y cuestionó la ausencia de un “plan de Estado” que determine hacia dónde debe avanzar el país.
Una relación cada vez más tensa con el Gobierno
La comparecencia del 16 de julio no fue el primer choque de Solano con representantes del Gobierno.
El 18 de mayo, durante una reunión en Casa Presidencial con jerarcas de ambos poderes, la magistrada contradijo públicamente algunos planteamientos realizados por la presidenta Laura Fernández sobre los recursos destinados al sistema de justicia.
Posteriormente, el 20 de julio, Solano cuestionó el primer recorte presupuestario al Poder Judicial, de ¢3.053 millones, y relacionó la situación con declaraciones atribuidas al expresidente Rodrigo Chaves sobre la intención de avanzar hacia el control del Poder Judicial.
“Ya tenemos el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Vamos por el Judicial”, recordó Solano que había manifestado Chaves.
La magistrada advirtió que resulta contradictorio exigir resultados al Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado mientras se reducen los recursos destinados a investigación y persecución penal.
Días después, en una entrevista con Teletica.com, sostuvo que durante años el Poder Judicial había guardado silencio frente a los cuestionamientos provenientes del Ejecutivo.
“Creo que hemos pecado en guardar silencio”, afirmó.
Ahora, con la eventual elección de una nueva Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en el horizonte y la posibilidad de que Solano sea una de las candidatas, sus constantes choques con el oficialismo podrían convertirse nuevamente en un punto central del debate político y judicial del país.