El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, lanzó una dura crítica contra el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele y cuestionó que el denominado “modelo Bukele” sea presentado únicamente a partir de la reducción de la violencia y la caída de la actividad de las pandillas.
En una entrevista concedida al medio nicaragüense Divergentes, Bullock sostuvo que detrás de los resultados en materia de seguridad existe, según su organización, un elevado costo en derechos humanos, debido a detenciones arbitrarias, falta de debido proceso, torturas, desapariciones y muertes bajo custodia estatal.
La declaración más contundente de Bullock fue su caracterización de Bukele como “un dictador igual que cualquier otro”, aunque con una estrategia de mercadeo y relaciones públicas más efectiva.
Cristosal opera desde el exilio
Cristosal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, trasladó sus operaciones fuera de El Salvador en 2025, después de denunciar una escalada de persecución contra sus integrantes.
Bullock afirmó que el punto de quiebre ocurrió con la detención de Ruth López, responsable de la unidad anticorrupción de la organización. Según relató, otros integrantes recibieron advertencias y algunos fueron vigilados, mientras que la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros incrementó las preocupaciones de la organización.
La decisión de abandonar el país, explicó, no significó dejar de trabajar sobre El Salvador, sino continuar desde el exterior acompañando a familiares de personas detenidas y documentando presuntos abusos.
Más de 120.000 detenidos, según Cristosal
Uno de los principales cuestionamientos de Bullock está relacionado con el régimen de excepción implementado por Bukele.
El director de Cristosal aseguró que la organización estima que más de 120.000 personas han sido privadas de libertad durante este período y sostuvo que una parte importante permanece sin condena.
Su organización publicó el informe El precio de disentir, en el que documenta 245 casos que considera persecución política. De ellos, señaló Bullock, 86 personas continuarían privadas de libertad.
El activista aclaró que la cifra representa únicamente los casos que pudieron ser documentados y que podría existir un número considerablemente mayor debido a las restricciones para acceder a información pública.
Según su relato, entre las personas detenidas durante el régimen de excepción no solo habría integrantes de estructuras criminales, sino también dirigentes sindicales, líderes comunitarios, defensores ambientales, indígenas y otras personas que, según Cristosal, fueron incorporadas al aparato represivo.
Seguridad a cambio de derechos
Bullock reconoce que muchos salvadoreños experimentan una mayor sensación de seguridad después de años de violencia atribuida a las pandillas.
Sin embargo, considera que esa percepción no invalida las denuncias sobre abusos estatales.
A su juicio, el ciudadano que antes temía a las pandillas ahora puede enfrentar otro tipo de temor: ser detenido arbitrariamente, perder contacto con sus familiares o quedar sometido a un proceso judicial sin las garantías que establece el debido proceso.
“Sentirse más seguro” frente a las pandillas, sostuvo, es una percepción legítima, pero no debería utilizarse para justificar la eliminación de derechos fundamentales.
El caso de Ruth López
Bullock presentó el caso de Ruth López como uno de los ejemplos que, a criterio de Cristosal, demostrarían que el régimen de excepción dejó de estar dirigido exclusivamente contra las pandillas.
Según su versión, López fue detenida sin orden judicial y permaneció incomunicada durante más de 40 horas. Posteriormente habría enfrentado un proceso bajo reserva y permanecido en prisión preventiva.
Bullock también expresó preocupación por su estado de salud y cuestionó las condiciones en las que se encuentra detenida.
Sobre las acusaciones de corrupción contra López, el director de Cristosal rechazó que la abogada haya acumulado una fortuna mediante actividades ilícitas y recordó que precisamente su trabajo consistía en investigar y denunciar casos de corrupción.
¿En qué consiste el “modelo Bukele”?
Para Bullock, el llamado modelo Bukele tendría tres componentes principales.
El primero sería la utilización de acuerdos con estructuras criminales para reducir temporalmente la violencia y obtener beneficios políticos. El segundo consistiría en la concentración del poder y el debilitamiento de los controles institucionales. Y el tercero sería la utilización del aparato estatal de seguridad y justicia contra quienes son considerados enemigos del Gobierno.
Bullock aseguró que el modelo se sostiene sobre una premisa peligrosa: que la seguridad solo puede alcanzarse sacrificando derechos fundamentales.
También cuestionó que los resultados de seguridad sean analizados sin incorporar, en su evaluación, las denuncias de tortura, desapariciones y muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Paralelismos con Nicaragua
El director de Cristosal también comparó la evolución política de El Salvador con la de Nicaragua, aunque señaló diferencias importantes entre los gobiernos de Bukele y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según Bullock, ambos sistemas comparten una característica: la concentración progresiva del poder y el debilitamiento de los controles democráticos.
La diferencia, explicó, estaría principalmente en la forma de ejercer la represión.
Mientras considera que el régimen nicaragüense actúa de manera más abierta y directa contra sus adversarios, sostiene que Bukele ha construido una narrativa de seguridad que permite presentar las acciones represivas como parte de la lucha contra el crimen.
En ese proceso, afirmó, la categoría de “enemigo interno” puede ampliarse hasta incluir a periodistas, defensores de derechos humanos, académicos, empresarios o dirigentes comunitarios.
“Un dictador como cualquier otro”
Consultado sobre la propia caracterización que Bukele ha hecho de sí mismo como “el dictador más cool del mundo”, Bullock respondió que el presidente salvadoreño no representa una nueva clase de autoritarismo.
Su diferencia, según el director de Cristosal, estaría en la forma de comunicarlo.
“Es un dictador como cualquier otro”, afirmó, al sostener que la diferencia radica en que Bukele cuenta con una estrategia de comunicación y relaciones públicas particularmente efectiva.
La crítica apunta directamente a uno de los principales activos políticos del mandatario salvadoreño: su imagen internacional como líder que logró reducir drásticamente la violencia y recuperar el control territorial frente a las pandillas.
La sombra de Trump
Bullock también cuestionó el papel de Estados Unidos en la evolución política de Centroamérica y señaló que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca modificó el escenario para organizaciones de derechos humanos, medios independientes y grupos de defensa democrática.
A su juicio, la reducción del respaldo político y financiero internacional a estas organizaciones puede dejar mayor espacio para gobiernos con tendencias autoritarias.
No obstante, sostuvo que las organizaciones de derechos humanos deben adaptarse a una nueva realidad y fortalecer su relación directa con las comunidades.
Una discusión que trasciende a El Salvador
Las declaraciones de Bullock colocan nuevamente sobre la mesa el debate que divide a Centroamérica: ¿puede un Gobierno sacrificar garantías democráticas y derechos individuales a cambio de resultados contundentes en seguridad?
El caso salvadoreño se ha convertido en una referencia regional. Mientras sus defensores destacan la reducción de homicidios y el debilitamiento de las pandillas, organizaciones como Cristosal advierten que esos resultados no pueden analizarse separadamente de las denuncias sobre abusos cometidos durante el régimen de excepción.
Para Bullock, la discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de Bukele. El punto central, sostiene, es preservar garantías básicas: que una persona inocente pueda defenderse, que una familia pueda conocer el paradero de un detenido y que el Estado no tenga facultades ilimitadas para privar de libertad a sus ciudadanos.
La controversia sobre el “modelo Bukele”, por tanto, continúa abierta: seguridad y control criminal por un lado; derechos humanos, debido proceso y controles democráticos por el otro.