Ocho exmandatarios suscribieron un pronunciamiento en el que piden a las autoridades, medios y sociedad civil facilitar el trabajo de los organismos internacionales que evalúan las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país.
Los expresidentes de Costa Rica hicieron un llamado a proteger la libertad de expresión y de prensa ante la visita al país de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organizaciones que evalúan las condiciones en las que se desarrolla el ejercicio periodístico.
En un pronunciamiento fechado este 1 de septiembre de 2026, los exmandatarios señalaron que atendieron conjuntamente la solicitud de entrevista de la misión internacional y expusieron sus criterios sobre la situación de la libertad de prensa en Costa Rica.
Los exgobernantes calificaron la presencia de la SIP y el CPJ como un motivo de “reflexión y preocupación”, al considerar que Costa Rica, tradicionalmente reconocida por sus estándares democráticos y de libertad de prensa, ha comenzado a ser objeto de un mayor monitoreo internacional debido a señales que, según sostienen, evidencian un deterioro en esta materia.
Entre las situaciones que enumeran se encuentran medidas administrativas que podrían afectar financieramente a medios de comunicación, restricciones al acceso a información pública, el uso del denominado “secreto de Estado”, así como un trato que califican de estigmatizante hacia medios y periodistas y hostigamiento digital contra comunicadores y creadores de contenido críticos del Gobierno.
El pronunciamiento ocurre en un contexto en el que la SIP y el CPJ han expresado recientemente preocupación por el ambiente para el ejercicio del periodismo en Costa Rica. El pasado 26 de agosto, ambas organizaciones cuestionaron el proyecto de reforma a la Ley de Radio y Televisión, expediente 24.461, al advertir que las nuevas cargas económicas por el uso del espectro podrían comprometer la viabilidad de algunos medios y afectar el pluralismo informativo.
La iniciativa establece para la televisión abierta un canon progresivo que, según el texto analizado por ambas organizaciones, podría alcanzar hasta 7,73% de los ingresos brutos anuales. La SIP y el CPJ señalaron que cualquier regulación del espectro debe responder a criterios objetivos, técnicos, proporcionales y transparentes.
“Defenderla es defender a Costa Rica”
Los expresidentes afirmaron que comparten las preocupaciones planteadas por los organismos internacionales y consideraron que corresponde contribuir con su labor.
Por ello, hicieron un llamado a las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil para que faciliten el trabajo de la misión y garanticen condiciones de apertura y transparencia durante su evaluación.
“La libertad de prensa es un derecho ciudadano y un pilar esencial de nuestra democracia. Defenderla es defender a Costa Rica”, señala el documento.
La posición de los exmandatarios también se produce después de que la SIP reconociera recientemente a la Sala Constitucional de Costa Rica con el Gran Premio Chapultepec 2026, precisamente por su jurisprudencia en defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a recibir información plural e independiente.
¿Quiénes firman?
El documento está suscrito por:
- Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010)
- Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994)
- José María Figueres Olsen (1994-1998)
- Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002)
- Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006)
- Laura Chinchilla Miranda (2010-2014)
- Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018)
- Carlos Alvarado Quesada (2018-2022)
El pronunciamiento no incluye al expresidente Rodrigo Chaves, quien gobernó Costa Rica entre 2022 y 2026, ni a la actual presidenta Laura Fernández Delgado, quien asumió el cargo en mayo de 2026.
La SIP ya había realizado una misión a Costa Rica en enero de 2025 y, tras reunirse con autoridades, medios, organizaciones y expresidentes, reportó un ambiente de creciente deterioro de las libertades de expresión y de prensa.
La nueva intervención de los expresidentes coloca nuevamente la libertad de prensa en el centro del debate político nacional y plantea un llamado directo a preservar los contrapesos, la pluralidad informativa y el derecho ciudadano a recibir información.