Por Redacción El Reportaje
La financiación del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que llevó al poder a Rodrigo Chaves vuelve a situarse en el centro de la controversia política y judicial en Costa Rica. Al escrutinio legislativo y mediático por la compra de bonos de deuda política con rendimientos calificados como «exorbitantes», se suma ahora el avance de investigaciones en el Ministerio Público que señalan presuntas anomalías y estructuras paralelas durante la campaña electoral.
El negocio de la deuda política: un descuento bajo la sombra de la usura
El rendimiento obtenido por la exlegisladora Pilar Cisneros mediante la adquisición de certificados de deuda política del PPSD encendió las alarmas en la Asamblea Legislativa.
Aquí no se cuestiona la compra que es legal , sino la ética de un aspirante a una diputación haciendo negocios financieros a costa de su partido.
Durante la contienda electoral de 2022, el PPSD colocó bonos de contribución estatal entre sus partidarios. Cisneros pagó ¢7,8 millones por títulos cuyo valor nominal alcanzaba los ¢13 millones, beneficiándose de un agresivo descuento del 40%. Con la liquidación de la deuda política cubierta por fondos del Estado, la rentabilidad neta para la dirigente ascendió a más de ¢5,2 millones sobre su inversión original.
El asunto fue analizado en la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos Políticos del Congreso. Expertos en gestión de fideicomisos como Mario Gómez Pacheco, presidente de la fiduciaria COFIN S.A., advirtieron que un rendimiento del 40% supera con creces las tasas del mercado e incluso sobrepasa los límites de usura establecidos por ley. Gómez señaló que estos beneficios extraordinarios a favor de financistas privados terminan siendo cubiertos con recursos públicos costarricenses.
Ante los cuestionamientos, Cisneros justificó la transacción como una inversión de riesgo legítima impulsada por el desabastecimiento financiero de la agrupación:
A lo que fuera para poder vender un poco de bonos y poder subsistir en la campaña, porque el señor Baruch no le dio la gana de financiar a Rodrigo Chaves… Cuando uno invierte en política se arriesga a ganar y a perder».
Por su parte, la tesorería del PPSD, a cargo de Stephan Brunner, adujo que la falta de financiamiento bancario tradicional los obligó a elevar los descuentos del 15% inicial al 40% para captar liquidez de sus partidarios.
La causa penal: «Caso Financiamiento Jaguar» y estructuras paralelas
Más allá del debate ético por los rendimientos de la deuda pública, la situación procesal de Cisneros escaló al ámbito del Ministerio Público. La Fiscalía General de la República formalizó investigaciones dentro de la causa denominada «Caso Financiamiento Jaguar».
El Ministerio Público sostiene que el movimiento político aplicó dos vías de financiamiento presuntamente irregulares al margen de los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería oficial:
El Fideicomiso Costa Rica Próspera: Utilizado para canalizar fondos privados antes y durante la contienda.
Cuentas bancarias personales: Utilizadas presuntamente para la recepción y administración paralela de recursos de campaña.
La acusación señala presuntos delitos por recaudación de fondos sin autorización formal, recepción de aportes a través de estructuras paralelas e ingreso de contribuciones ilícitas en el sistema de partidos.
A raíz de la investigación, Cisneros compareció en calidad de imputada tras perder el fuero de inmunidad. A su llegada a la sede fiscal, defendió su inocencia:
Yo no he hecho absolutamente nada ni ilegal ni inmoral, de ninguna naturaleza. Así que, tranquilidad total».
La causa también salpica al mandatario Rodrigo Chaves, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André y a un grupo de legisladores de la bancada oficialista, configurando una de las tramas judiciales sobre financiamiento electoral de mayor impacto en la historia reciente del país.