Omer Badilla enfatiza que la población migrante en condición legal cotiza a la CCSS y contribuye activamente al sostenimiento del sistema de servicios públicos.
SAN JOSÉ — En momentos en que el debate sobre la sostenibilidad del sistema de servicios públicos y el impacto de la migración cobra fuerza en la opinión pública, la Dirección General de Migración y Extranjería salió al paso para aclarar el rol real que cumple la población extranjera regularizada en la economía y la seguridad social del país.
El director de la institución, Omer Badilla, cuestionó tajantemente la narrativa que califica a la población migrante como un lastre económico. Badilla señaló que persiste en un sector de la ciudadanía la percepción errónea de que «el extranjero viene aquí a absorber los servicios sociales», noción que, según enfatizó, no coincide con la realidad ni con los datos de afiliación tributaria y patronal.
Aporte directo a la Caja
El jerarca explicó que el acceso a la oferta social estatal no es gratuito ni irrestricto, sino que responde al cumplimiento de los marcos legales vigentes. Aquellos extranjeros que laboran en el país bajo esquemas formales efectúan de manera directa sus aportes al sistema de protección social.
Personas que trabajen en el país automáticamente están afiliadas a los servicios sociales, de modo tal que una persona trabajadora está cotizando para la Caja», manifestó Badilla.
El funcionario recordó que el proceso de regularización migratoria va de la mano con la formalidad laboral y tributaria. Una vez que la persona obtiene un estatus legal, adquiere no solo deberes de cotización, sino también la plena legitimidad para utilizar la red de salud estatal.
«Esta persona tiene todo el derecho de acudir a la Caja Costarricense de Seguro Social», afirmó el jerarca.
Formalización contra el mito del gasto social
Las declaraciones de la autoridad migratoria subrayan la diferencia clave entre la migración irregular y la regularizada. La mayoría de los extranjeros que han completado sus trámites de permanencia legal se encuentran insertos en la fuerza laboral formal, contribuyendo mediante deducciones salariales e impuestos al financiamiento de los mismos servicios que utilizan.
Con este balance, la Dirección de Migración reitera que catalogar a la población extranjera regularizada como un simple consumidor de recursos públicos distorsiona la realidad. El modelo de seguridad social se fundamenta en la solidaridad y la cotización obligatoria; bajo esa premisa, el trabajador migrante formalizado actúa como un contribuyente activo que sostiene la base financiera del Estado solidario.