El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, cuestionó lo ocurrido durante las actividades del 14 de septiembre en Cartago y aseguró que el despliegue de seguridad habría terminado estableciendo diferencias entre ciudadanos, según su afinidad o distancia con el Gobierno.
El legislador también planteó dudas sobre la logística utilizada para trasladar a personas desde diferentes puntos del país y proporcionarles alimentación. Aunque dijo no oponerse a que se facilitaran esos recursos, pidió determinar quién asumió los costos.
“Habría que ver quién pagó esos buses y quién pagó ese arroz con pollo. Eso lo vamos a averiguar posteriormente”, declaró.
Según Araya, el aspecto más preocupante fue que, mientras grupos identificados con el Gobierno pudieron participar, ciudadanos que expresaban posiciones contrarias a la administración habrían encontrado obstáculos para ingresar o permanecer en el lugar.
“Aquí sí han habido ciudadanos de dos categorías”, afirmó, al referirse a lo que consideró un trato desigual.
El diputado vinculó además lo sucedido con el uso político de una actividad pública. Recordó que, en ocasiones anteriores, integrantes de Pueblo Soberano habían cuestionado que este tipo de espacios fueran utilizados con fines partidarios.
“Bueno, ahí fueron usados”, manifestó.
Araya sostuvo que las autoridades deberían garantizar la participación de personas con distintas posiciones políticas, en lugar de limitar la presencia de quienes cuestionan al Gobierno.
“En Cartago tenían que caber los que aplaudían y los que señalaban, y esto es el peor precedente”, concluyó.