Un catedrático de la Universidad de Costa Rica presentó un recurso de amparo contra el nuevo Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela.
El nuevo centro penitenciario, diseñado para albergar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras del crimen organizado, enfrenta ahora una acción ante la Sala Constitucional cuando se encuentra próximo a entrar en funcionamiento.
El recurso fue presentado por Ricardo Zeledón Zeledón, catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien solicita a los magistrados impedir la inauguración de las instalaciones y evitar el traslado de privados de libertad.
La petición va incluso más allá. Dentro de sus pretensiones, el recurrente solicita “demoler, no inaugurar ni el traslado de privados de libertad” al nuevo centro penitenciario.
El CACCO forma parte de las medidas impulsadas por las autoridades penitenciarias para fortalecer el control sobre personas privadas de libertad consideradas de alto riesgo y reducir las posibilidades de que estructuras criminales continúen operando desde las cárceles.
La construcción del centro se produce en un contexto marcado por la preocupación nacional ante el crecimiento de fenómenos como el sicariato, el narcotráfico y la operación de organizaciones criminales, que han representado uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad.
El objetivo de una infraestructura de alta contención es establecer condiciones de seguridad reforzadas y mecanismos de control especializados para determinados privados de libertad.
Ahora será la Sala Constitucional la que deberá analizar los argumentos planteados en el recurso y determinar si corresponde darle curso y eventualmente adoptar alguna medida relacionada con el proyecto.
La presentación del amparo no significa que la Sala haya ordenado suspender la inauguración ni mucho menos demoler el centro penitenciario. Ambas acciones forman parte de las pretensiones planteadas por el recurrente y deberán ser valoradas por los magistrados conforme al procedimiento constitucional correspondiente.
El caso abre nuevamente el debate sobre las políticas penitenciarias del país y sobre las medidas que deben adoptarse para controlar a privados de libertad vinculados con organizaciones criminales de alta peligrosidad.