Alertan que archivar el expediente 25.391 cerraría la discusión sobre la protección de comunidades, fuentes de agua y personas expuestas a agroquímicos
Más de 400 personas, organizaciones, colectivos, redes comunitarias e instituciones solicitaron a las diputadas y los diputados de la Asamblea Legislativa no archivar el expediente N.º 25.391, proyecto de ley que busca reforzar la protección de las comunidades frente a los riesgos asociados con las fumigaciones agrícolas.
Las organizaciones aseguran que la iniciativa pretende prevenir intoxicaciones, proteger fuentes de abastecimiento de agua y establecer mayores responsabilidades por los daños ocasionados durante la aplicación de agroquímicos.
Entre las personas y agrupaciones firmantes figuran representantes de sectores ambientales, agroecológicos, campesinos, comunitarios, indígenas, feministas, sociales, académicos, culturales, estudiantiles, políticos, turísticos y productivos.
También participan habitantes de comunidades de Cartago, San Ramón, Guanacaste, Talamanca, Puntarenas, Osa, Pérez Zeledón y otras regiones que, según los firmantes, han enfrentado problemas relacionados con el uso de agroquímicos.
La preocupación surge ante la intención del oficialismo de impulsar el archivo del proyecto.
“Ante la intención del oficialismo de archivar el proyecto de ley para la protección de las comunidades contra las intoxicaciones por actividad agrícola, se hace un llamado a las diputadas y los diputados a mantener abierta su discusión y priorizar la salud de la población y la protección del agua”, señala el comunicado.
Los firmantes advierten que los agroquímicos utilizados en las fumigaciones pueden alcanzar viviendas, centros de trabajo, fuentes de agua y otras zonas consideradas sensibles.
Por ello, consideran que el expediente debe continuar en discusión para mejorar sus disposiciones a partir de las observaciones técnicas recibidas durante el proceso legislativo.
“Archivar el proyecto significaría cerrar la discusión sobre cómo mejorar la protección de las comunidades expuestas a estas actividades”, señalaron.
Instituciones respaldan aspectos de la iniciativa
De acuerdo con el comunicado, el expediente 25.391 ha recibido criterios favorables de instituciones como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Defensoría de los Habitantes y la Dirección General de Aviación Civil, además del Centro Científico Tropical.
Los firmantes destacan especialmente el criterio de la Defensoría, que relaciona la propuesta con el principio precautorio, bajo el cual deben adoptarse medidas preventivas para proteger a las personas y al ambiente ante riesgos potenciales, incluso cuando exista incertidumbre sobre la magnitud de los posibles daños.
El proyecto también plantea fortalecer la responsabilidad por afectaciones provocadas durante fumigaciones aéreas, facilitar la atención médica de personas intoxicadas y contemplar la reparación de sistemas de abastecimiento de agua potable que resulten afectados.
Las organizaciones sostienen que todavía existe espacio para incorporar las observaciones técnicas y productivas al texto y alcanzar acuerdos que permitan reducir los riesgos para las comunidades.
“La discusión legislativa ofrece una oportunidad para atender las preocupaciones técnicas y productivas junto con las necesidades de las comunidades. Esa tarea requiere diálogo, respaldo científico y un compromiso efectivo con la prevención de intoxicaciones y de la contaminación del agua”, indicaron.
Finalmente, hicieron un llamado al oficialismo para que reconsidere el archivo y a las demás fracciones legislativas para que respalden la continuidad del expediente.
“La salud de las comunidades y la seguridad de sus fuentes de agua merecen una respuesta concreta de la Asamblea Legislativa”, concluyeron.