La organización Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias asegura que los reclusos permanecieron durante aproximadamente tres horas boca abajo sobre un piso mojado. También denuncia hacinamiento y falta de alimentos en el pabellón A4 durante una intervención encabezada por el ministro de Justicia.
Una organización no gubernamental (ONG) difundió fotografías que, según afirma, muestran las condiciones en las que permanecieron varios privados de libertad durante una intervención realizada el viernes en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como cárcel La Reforma, en Alajuela.
Las imágenes publicadas por la organización muestran a varios reclusos tendidos boca abajo sobre un piso mojado, mientras denuncia que fueron mantenidos en esa posición durante aproximadamente tres horas, hasta que concluyó el operativo encabezado por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y su comitiva.
La ONG calificó lo ocurrido como presuntos tratos crueles y degradantes y cuestionó la forma en que se desarrolló la intervención dentro del centro penitenciario.
Denuncian hacinamiento y falta de alimentos
De acuerdo con la versión difundida por la organización, los hechos se produjeron en el pabellón A4, donde, según sostiene, existe una sobrepoblación considerable.
La ONG asegura que los pabellones destinados a población sentenciada e indiciada en condición de mínima seguridad tienen una capacidad aproximada para 90 personas; sin embargo, afirma que en ellos permanecen alrededor de 200 reclusos.
A esta situación se habría sumado el ingreso de otras 20 personas al pabellón A4 el mismo viernes, según la denuncia.
La organización también sostiene que, durante la hora del almuerzo, se distribuyeron alimentos para aproximadamente 200 privados de libertad, pero 20 personas se quedaron sin comer.
Según el relato divulgado, cuando algunos reclusos reclamaron por la falta de comida, el ministro de Justicia ingresó al sector acompañado de su comitiva y, posteriormente, se produjeron las presuntas agresiones denunciadas por la ONG.
La organización afirma que varios internos fueron obligados a permanecer en el suelo mojado durante horas. Las fotografías fueron presentadas como respaldo de su denuncia, aunque por sí solas no permiten establecer todas las circunstancias en que se produjeron los hechos.
Cuestionan el trato recibido por la población penitenciaria
La ONG relacionó estos señalamientos con otro episodio ocurrido en el centro penitenciario 26 de Julio, en Puntarenas, donde, según indicó, circuló un video en el que se observa al ministro de Justicia gritándoles y reprendiéndolos a varios privados de libertad.
En el caso de La Reforma, la organización cuestionó que no se haya difundido un registro audiovisual similar y sostuvo que las fotografías permiten observar parte de lo sucedido durante la intervención.
“Las fotografías hablan por sí solas”, manifestó la organización en su publicación, en la que pidió a la ciudadanía observar las imágenes y expresar sus opiniones.
Investigación y derecho de respuesta
Las denuncias plantean interrogantes sobre los protocolos utilizados durante los operativos penitenciarios, el trato brindado a las personas privadas de libertad y las condiciones de hacinamiento y alimentación dentro de los pabellones señalados.
No obstante, para establecer responsabilidades es necesario verificar la autenticidad, fecha y contexto de las fotografías, así como contrastar la versión de la ONG con la del Ministerio de Justicia y las autoridades penitenciarias.
También resulta relevante determinar si los hechos fueron denunciados formalmente ante las autoridades competentes y si existen informes médicos, testimonios u otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.
El Norte Hoy dará seguimiento al caso y buscará la posición del Ministerio de Justicia sobre los señalamientos, con el fin de conocer su versión de los hechos y las medidas que eventualmente se hayan adoptado.
La denuncia vuelve a colocar sobre la mesa un asunto de interés público: los límites de la actuación de las autoridades penitenciarias durante los operativos de seguridad y la obligación de garantizar un trato digno a las personas bajo custodia del Estado, sin que ello impida aplicar las medidas de control que correspondan conforme a la ley.