EE.UU anuncia nueva ofensiva contra las finanzas del narcotráfico en países aliados

La estrategia plantea atacar las estructuras económicas de las redes criminales y perseguir a empresarios y políticos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Kristi Noem, presentada en el material como directora del Escudo de las Américas, anunciaron una nueva fase de acciones contra las redes del narcotráfico en los países participantes de esta alianza de cooperación en materia de seguridad.

El anuncio está acompañado de fotografías de fuerzas policiales de Costa Rica y de cuerpos militares y policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

De acuerdo con la información suministrada, esta nueva etapa busca golpear las finanzas de las organizaciones criminales y debilitar sus operaciones de producción, almacenamiento, transporte y tráfico de drogas.

La ofensiva también contempla, según el planteamiento divulgado, perseguir, sancionar y capturar a empresarios y políticos sospechosos de colaborar con organizaciones criminales en operaciones de narcotráfico internacional y lavado de dinero.

La iniciativa se enmarca en el denominado Escudo de las Américas, una coalición impulsada por el Gobierno estadounidense para fortalecer la cooperación regional contra los carteles y las organizaciones criminales transnacionales. En septiembre, los países participantes expresaron su intención de reforzar la coordinación en seguridad y aplicar medidas conjuntas dentro de sus respectivos marcos legales.

Alcance de las operaciones

Aunque la información apunta a posibles ataques contra puntos de producción y logística del narcotráfico, las fuentes consultadas no permiten confirmar que se haya aprobado específicamente una campaña de bombardeos contra esos objetivos en todos los países firmantes.

El alcance de las acciones militares, las sanciones financieras y las operaciones policiales dependerá de los acuerdos de cooperación y de las decisiones que adopten los gobiernos participantes.