El ministro lanzó fuertes descalificaciones contra el jefe de bancada del PLN en medio del pulso político por la reforma eléctrica. Las negociaciones entre oficialismo y liberacionistas permanecen en un punto crítico.

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, protagonizó este lunes un nuevo enfrentamiento verbal con la oposición al atacar públicamente al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez Bogantes, a quien señaló de actuar contra su propio partido y favorecer los intereses del Frente Amplio.

Las expresiones se produjeron en la Asamblea Legislativa, donde Chaves respondió a consultas de la prensa sobre las acusaciones de la oposición respecto a supuestas maniobras del oficialismo para dividir a las bancadas y reunir los votos necesarios para impulsar sus proyectos.

Lejos de limitarse a defender la estrategia política del Gobierno, el ministro recurrió a una serie de calificativos contra Ramírez. Lo llamó «sátrapa», «títere» y «payaso», además de describirlo como un supuesto «caballo de Troya del comunismo criollo».

Chaves cuestionó la conducción política del legislador verdiblanco y lo responsabilizó de obstaculizar la aprobación de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414, una de las iniciativas que mantiene enfrentados al Poder Ejecutivo y a distintas fuerzas parlamentarias.

Según el ministro, Ramírez está traicionando a Liberación Nacional y al sector empresarial que respalda la reforma. También lo acusó de manipular a su bancada y de actuar en coordinación con el Frente Amplio para frenar los planes gubernamentales.

Durante sus declaraciones, Chaves sostuvo que no intentaría incorporar a su movimiento político a dirigentes que, a su juicio, carecen de capacidad para contribuir al desarrollo del país. Asimismo, afirmó que algunos opositores se comportan como «muñequitos ventrílocuos», en referencia a la supuesta influencia del jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta.

El ministro también vinculó el conflicto con la disputa por el liderazgo opositor, al insinuar que Ramírez busca ocupar el espacio político que dejó el excandidato presidencial liberacionista Álvaro Ramos Chaves.

Las acusaciones se producen en medio de una negociación legislativa que enfrenta dificultades para alcanzar los votos requeridos para la aprobación definitiva de la reforma eléctrica.

Una reforma que divide al Congreso

El expediente 23.414 fue presentado originalmente por el Poder Ejecutivo en octubre de 2022. Sin embargo, el texto que actualmente se discute incorpora una propuesta sustitutiva elaborada e impulsada por diputados liberacionistas durante la legislatura anterior.

La iniciativa superó el primer debate el 26 de mayo de 2026, con 27 votos a favor y 24 en contra. Para completar el trámite requiere una mayoría calificada de 38 votos, debido, entre otros aspectos, a la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una nueva institución autónoma que asumiría funciones de planificación, operación y administración del sistema eléctrico.

La bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), con 31 diputados, necesita el respaldo de otras agrupaciones para alcanzar esa cifra. Por ello, las conversaciones con Liberación Nacional se convirtieron en una pieza clave para el futuro de la propuesta.

El diálogo, sin embargo, sufrió un revés el viernes 16 de octubre, cuando el PLN condicionó su continuidad a que el Gobierno atendiera los reclamos de las universidades públicas por los recortes presupuestarios planteados para 2026 y 2027.

El oficialismo rechazó esa posición y cuestionó que el financiamiento de la educación superior se incorporara a las negociaciones sobre la reforma del mercado eléctrico.

En medio del desacuerdo, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta Jaén, y su subjefe, Juan Manuel Quesada Espinoza, aseguraron que contaban con el respaldo de siete diputados liberacionistas para aprobar el proyecto. No obstante, no identificaron a los legisladores a los que hacían referencia.

Ramírez negó esa afirmación y retó al oficialismo a llevar el expediente a votación para comprobar la posición de la bancada verdiblanca.

El Gobierno fijó las 3 p. m. de este lunes 19 de octubre como plazo para intentar alcanzar un entendimiento. También advirtió que promovería la votación en segundo debate si no lograba un acuerdo, pese a que todavía no tenía asegurados los 38 votos.

El plazo legislativo añade presión

La disputa tiene otro elemento de urgencia: el expediente cumplirá cuatro años desde su presentación el próximo miércoles 21 de octubre, por lo que necesita una ampliación de su plazo cuatrienal para continuar su trámite después de esa fecha.

La propuesta de acuerdo que negociaban el PPSO y el PLN contemplaba impulsar esa ampliación el martes 20 de octubre, además de establecer una hoja de ruta para discutir otras reformas del sector eléctrico.

El entendimiento también incluía la posibilidad de votar definitivamente la Ley de Armonización después de que avanzaran en primer debate tres proyectos promovidos por Liberación Nacional. Como fecha alternativa para la votación se había planteado el 9 de noviembre de 2026.

No obstante, las diferencias políticas y presupuestarias amenazan con dejar sin efecto la negociación.

PLN cuestiona el impacto sobre el ICE

Liberación Nacional mantiene su oposición al texto actual, al considerar que podría debilitar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), afectar la solidaridad del modelo eléctrico y trasladar mayores costos a los hogares y las pequeñas empresas.

La agrupación verdiblanca sostiene que está de acuerdo con modernizar el sector, pero defiende una reforma distinta.

En la otra acera, el Gobierno y organizaciones empresariales respaldan la apertura del mercado eléctrico. Sus argumentos se centran en la posibilidad de atraer inversiones, mejorar la competitividad y responder al crecimiento de la demanda de energía.

El enfrentamiento entre Chaves y Ramírez evidencia la tensión que rodea las negociaciones y la dificultad de construir una mayoría legislativa para aprobar una reforma que modifica la organización del sistema eléctrico costarricense.