El joven, de apellido Guerrero y de 27 años, murió en el Hospital Monseñor Sanabria tras sufrir una agresión durante los disturbios en el CAI 26 de Julio. Sus allegados aseguran que presentaba un deterioro físico y que habían solicitado asistencia.

La muerte de un privado de libertad de apellido Guerrero, de 27 años, tras los disturbios registrados este miércoles en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en El Roble de Puntarenas, abrió nuevos cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento y las condiciones de salud que presentaba antes de los hechos.

Familiares del joven aseguran que habían solicitado ayuda debido al deterioro de su estado físico. Según su versión, Guerrero presuntamente se encontraba en condiciones de desnutrición y sus allegados estaban preocupados por su salud. Sin embargo, afirman que las gestiones para conseguir asistencia no habrían recibido la respuesta que esperaban.

La denuncia familiar agrega un elemento que deberá ser aclarado por las autoridades: si el joven recibió atención médica oportuna durante su permanencia en prisión y si existían antecedentes de solicitudes de asistencia antes de los disturbios.

Agresión durante los disturbios

De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, Guerrero sufrió una agresión con tablazos en la cabeza durante los disturbios registrados en el ámbito A del centro penitenciario.

Tras resultar herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde ingresó a la sala de shock. No obstante, pese a la atención recibida, su fallecimiento fue confirmado a las 6:34 p. m. de este miércoles.

El Ministerio de Justicia y Paz informó que en los hechos estuvieron involucrados 132 privados de libertad. La Policía Penitenciaria intervino para controlar la situación dentro del establecimiento.

Autoridades deben esclarecer lo ocurrido

La muerte del joven plantea dos aspectos que requieren esclarecimiento: las circunstancias de la agresión que sufrió durante los disturbios y los señalamientos de sus familiares sobre su estado de salud previo.

En relación con el primer punto, las autoridades trabajan en la identificación de los presuntos responsables y en la determinación de la participación de los internos involucrados en los hechos.

Respecto a las denuncias de la familia, será necesario establecer si existieron solicitudes formales de atención médica, cuándo se presentaron y qué respuesta recibieron por parte de la administración penitenciaria y los servicios de salud correspondientes.

Hasta el momento, los señalamientos sobre una presunta desnutrición y la falta de respuesta a las solicitudes de ayuda corresponden a la versión de los familiares y no deben considerarse hechos oficialmente confirmados.

La investigación deberá determinar si hubo alguna omisión en la atención médica del joven, sin perder de vista que la causa inmediata de su muerte, según la información disponible, fue una agresión sufrida durante los disturbios.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios costarricenses y la atención que reciben las personas privadas de libertad, especialmente cuando existen denuncias sobre un posible deterioro de su salud.