El Ministerio abrió procedimientos disciplinarios y presentará una denuncia penal para determinar si hubo negligencia o incumplimiento de funciones.
El Ministerio de Justicia y Paz comenzó a tomar medidas administrativas contra la directora del Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón, y otros funcionarios, tras la liberación irregular de un privado de libertad que mantenía causas judiciales pendientes.
La decisión fue comunicada el miércoles 21 de octubre de 2026, luego de que el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, ordenara a la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) reubicar de inmediato a los funcionarios presuntamente involucrados mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades también dispusieron la apertura de procedimientos disciplinarios para determinar si existieron omisiones, negligencia o incumplimientos en los controles que permitieron la salida del reo.
Las medidas anunciadas incluyen tres acciones principales:
- Reubicación inmediata: la directora del centro penitenciario y otros funcionarios señalados serán trasladados mientras se investiga lo ocurrido.
- Investigación administrativa: se abrirán procedimientos disciplinarios para establecer las eventuales responsabilidades de cada funcionario. Si se comprueban faltas, podrían aplicarse sanciones que incluso contemplen el despido, conforme a la legislación vigente.
- Denuncia penal: el Ministerio presentará el caso ante el Ministerio Público para que se investigue si los hechos también podrían constituir delitos.
Justicia advierte que habrá consecuencias si se comprueban responsabilidades
La cartera aseguró que no tolerará irregularidades ni omisiones en el personal responsable de administrar los centros penitenciarios del país.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de control utilizados para verificar la situación jurídica de los privados de libertad antes de autorizar su salida de prisión, especialmente cuando existen causas judiciales pendientes.
Por ahora, las medidas tienen carácter preventivo y forman parte del proceso de investigación. La responsabilidad de los funcionarios deberá determinarse mediante los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
