El obispo Javier Román Arias y la Pastoral Social Diocesana exigieron al Gobierno y a la Asamblea Legislativa garantizar los recursos para el Centro Académico de Limón. Advierten que la falta de financiamiento podría interrumpir las carreras de cientos de jóvenes y golpear las oportunidades educativas de una de las provincias con mayores necesidades sociales.
La Iglesia católica de Limón alzó la voz ante la incertidumbre financiera que enfrenta el Centro Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y lanzó un llamado directo al Gobierno, al Ministerio de Hacienda y a los diputados para evitar que la falta de recursos comprometa la continuidad de esta institución universitaria.
Mediante un pronunciamiento firmado este miércoles 4 de noviembre por el obispo de Limón, monseñor Javier Román Arias, y el director de la Pastoral Social Diocesana, presbítero Manuel Zamora Salazar, la Iglesia manifestó su preocupación porque el Estado todavía no ha girado los recursos correspondientes al último trimestre de 2026.
Según el documento, el monto pendiente ronda los 492,9 millones, dinero que resulta indispensable para cubrir los gastos ordinarios del centro universitario.
La preocupación aumenta porque en la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 25.803, que contempla una reducción de esos mismos recursos.
«Sin el giro de estos recursos, la sede no tiene cómo cubrir sus gastos ordinarios», advierte el pronunciamiento, que alerta sobre la posibilidad de que cientos de estudiantes vean interrumpida su formación profesional.
Una universidad que podría dejar a cientos a mitad de camino
La Iglesia recordó que el TEC abrió sus puertas en Limón en 2014 y que, durante estos 12 años, se convirtió en una oportunidad para jóvenes provenientes de familias de escasos recursos económicos.
Para muchos de esos estudiantes, trasladarse a Cartago o San José para continuar una carrera universitaria representa un gasto imposible de asumir, debido a los costos de alojamiento, alimentación y transporte.
Por eso, la sede limonense representa, para numerosas familias, la única posibilidad real de acceder a la educación superior sin abandonar su provincia.
El obispo advirtió que debilitar este centro académico significaría retroceder en un proceso que ha requerido años de esfuerzo y que resulta fundamental para una provincia históricamente golpeada por el desempleo y la falta de oportunidades para su juventud.
«Para quienes vivimos aquí, esa partida tiene nombres», señala el documento, al recordar a los jóvenes que son los primeros de sus familias en ingresar a una universidad y a los padres que realizan sacrificios económicos para que sus hijos puedan graduarse.
La Iglesia también cuestiona los posibles recortes
El pronunciamiento no desconoce las dificultades fiscales que enfrenta Costa Rica, pero sostiene que la educación superior en las regiones no debería convertirse en una de las primeras áreas afectadas por los ajustes presupuestarios.
Además, recuerda que el financiamiento de las sedes regionales de las universidades públicas tiene sustento en el artículo 24 del título IV de la Ley 9635, reformado mediante la Ley 9732.
La Diócesis considera que las autoridades deben tomar en cuenta ese marco legal antes de adoptar decisiones que puedan comprometer el funcionamiento del centro académico.
La Iglesia también apeló a la responsabilidad social del Estado y a la obligación de proteger las oportunidades de las poblaciones con menos recursos, al señalar que una universidad pública en Limón no representa simplemente una partida presupuestaria, sino una herramienta de desarrollo para toda una provincia.
Cuatro exigencias al Gobierno y a los diputados
Monseñor Javier Román y la Pastoral Social plantearon cuatro solicitudes concretas:
1. Al Poder Ejecutivo y Hacienda: realizar las gestiones necesarias para girar los aproximadamente ?492,9 millones correspondientes al último trimestre de 2026.
2. A la Asamblea Legislativa: valorar las consecuencias del expediente 25.803 y preservar los recursos que necesita el TEC para funcionar en Limón.
3. Al Ejecutivo y al Legislativo: garantizar el financiamiento para 2027 y evitar que estudiantes y funcionarios permanezcan bajo incertidumbre presupuestaria.
4. A las instituciones involucradas: establecer un diálogo que permita encontrar una solución y mantener abierto el centro universitario.
La advertencia de la Iglesia llega en momentos en que el futuro financiero de la sede limonense está en discusión y cientos de jóvenes dependen de que las instituciones estatales resuelvan el problema.
«Sería lamentable que una institución que ha hecho tanto por la juventud limonense tuviera que suspender sus labores por falta de recursos», concluye el documento.
La Diócesis de Limón aseguró que está dispuesta a acompañar los esfuerzos de diálogo y pidió a las autoridades recordar que detrás de cada decisión presupuestaria existen estudiantes, familias y comunidades cuyo futuro depende de las oportunidades de educación superior.
La advertencia es clara: Limón no quiere perder una de las pocas puertas que tiene su juventud para acceder a una carrera universitaria.