La minería ilegal avanza en la frontera norte, mientras los operativos policiales no consiguen detener el saqueo de oro en Crucitas y el cerro Conchuditas. Las excavaciones, los túneles y el uso de sustancias tóxicas están provocando una creciente destrucción ambiental.
La minería ilegal continúa ganando terreno en el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos, donde grupos de coligalleros mantienen abiertas excavaciones subterráneas para extraer oro, pese a los operativos de las autoridades costarricenses.
La situación quedó nuevamente en evidencia luego de que la Fuerza Pública se desplazara hasta el sector tras recibir reportes de una fuerte explosión ocurrida la noche del sábado 31 de octubre, que habría dejado personas fallecidas y heridas.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Pública informó que sus oficiales realizaron un recorrido por el lugar y no encontraron personas lesionadas. La institución indicó que mantendrá la vigilancia en la zona.
El resultado de la inspección contrasta con los reportes procedentes de Nicaragua, donde medios de comunicación identificaron a Gonzalo Andrés Morales, originario de El Rama, como el joven que habría fallecido en el incidente. También informaron sobre dos hombres heridos, quienes habrían sido trasladados hasta Boca de Sábalos para recibir atención médica.
La dificultad para ingresar a estos territorios y la extensión de las operaciones mineras complican el trabajo policial. En Conchuditas, llegar a determinados puntos puede requerir caminatas de varias horas.
Mineros exhiben los túneles y se burlan de Costa Rica
A la problemática se suman videos que circulan desde el sector minero, en los cuales personas vinculadas con la extracción de oro muestran los túneles abiertos en la montaña y las excavaciones realizadas para llegar hasta las vetas del mineral.
En esas grabaciones, algunos mineros incluso se burlan de los costarricenses por las dificultades de las autoridades para controlar la actividad y evitar que continúe la extracción del oro.
Las imágenes reflejan una realidad preocupante: mientras Costa Rica enfrenta dificultades para recuperar el control territorial, las estructuras dedicadas a la minería ilegal continúan trabajando en zonas de difícil acceso.
Un reportaje de La Nación, publicado en marzo de 2026, documentó túneles, excavaciones, campamentos, procesamiento de material y residuos de sustancias químicas en Conchuditas. También describió una actividad que habría evolucionado hacia un modelo de explotación vinculado con redes criminales.
Crucitas y Conchuditas: un territorio convertido en zona de saqueo
El problema dejó de estar concentrado en Crucitas. La actividad se extendió hacia otros puntos de Cutris y alcanzó el cerro Conchuditas, cerca del río San Juan.
En febrero de 2026, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó ante los diputados que el área afectada por la minería ilegal había pasado de aproximadamente 900 a 3.000 hectáreas.
También señaló que las autoridades habían identificado más de 130 piletas utilizadas para procesar material minero, además de nuevas técnicas de extracción mediante túneles y excavaciones.
En junio, otro operativo de la Policía de Fronteras permitió descubrir un campamento en Conchuditas con:
Cerca de 100 toneladas de material sedimentario preparado para extraer oro.
Aproximadamente 2.000 sacos.
40 piletas de procesamiento.
60 estructuras improvisadas utilizadas como dormitorios y centros de operaciones.
Plantas eléctricas, bombas de agua y herramientas para las excavaciones.
Los oficiales tuvieron que recorrer aproximadamente 20 kilómetros a pie para llegar hasta el lugar.
El Colegio de Geólogos de Costa Rica también advirtió sobre la dimensión económica y ambiental del saqueo. Según cifras divulgadas por Diario Extra, un informe de esa organización estimó que entre 2017 y 2026 se habrían extraído ilegalmente entre $1.300 millones y $2.000 millones en oro.
El mismo reporte señaló la presencia de contaminación por mercurio, así como centenares de piletas utilizadas en procesos de extracción.
¿Quién termina beneficiándose del oro costarricense?
Uno de los aspectos más delicados de esta problemática es el destino del material extraído ilegalmente.
En febrero, Mario Zamora afirmó ante los diputados que los sacos con sedimentos auríferos estaban siendo trasladados hacia Nicaragua, donde empresas chinas los comprarían para recuperar el oro que todavía contienen.
El jerarca indicó que, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, se habían decomisado más de 16.000 sacos vinculados con esta actividad.
El contexto regional agrega otra preocupación.
Una investigación de la organización ambientalista Fundación del Río, divulgada en marzo de 2026, documentó que Nicaragua había otorgado 71 concesiones mineras, equivalentes a aproximadamente un millón de hectáreas, a 15 empresas chinas entre 2021 y 2026.
Estas concesiones representan alrededor del 8,5% del territorio nicaragüense y han generado preocupación por la expansión de la actividad minera en ambos lados de la frontera.
Esto coloca a Crucitas y Conchuditas dentro de un escenario geopolítico y económico mucho más amplio: el oro se extrae en territorio costarricense, mientras las denuncias apuntan a circuitos de comercialización y procesamiento que podrían beneficiar a operadores extranjeros.
No obstante, las denuncias sobre compras por parte de empresas chinas no significan que esté demostrada la participación de todas esas compañías en el saqueo de oro costarricense.
Un desastre ambiental que puede dejar consecuencias durante décadas
La extracción ilegal no solamente representa pérdidas económicas para Costa Rica. También deja una huella ambiental difícil de revertir.
Para llegar hasta las vetas, los mineros talan árboles, remueven grandes cantidades de tierra, perforan montañas y abren túneles que alteran la estabilidad del terreno.
A esto se suma el uso de mercurio y cianuro en los procesos de recuperación del oro. Estas sustancias representan riesgos de contaminación para los suelos, las fuentes de agua y los ecosistemas, especialmente cuando sus residuos se abandonan sin tratamiento.
En Conchuditas, la preocupación es todavía mayor por su cercanía con el río San Juan y los ecosistemas fronterizos.
La expansión de las excavaciones también amenaza la cobertura boscosa y los hábitats de especies silvestres, mientras los residuos plásticos, combustibles y materiales utilizados en los campamentos permanecen en la montaña.
La minería ilegal ha terminado convirtiendo sectores de la frontera norte en territorios donde el control estatal resulta insuficiente frente a las estructuras que manejan la extracción y el traslado del material.
La pregunta es cuánto oro más tendrá que salir de las montañas de San Carlos, cuántos kilómetros de bosque tendrán que desaparecer y cuánta contaminación tendrá que soportar la frontera norte antes de que Costa Rica consiga detener este saqueo.