San Carlos: advertencias sobre compras municipales desde 2024 terminaron bajo la lupa de la Contraloría
El Concejo Municipal había solicitado explicaciones sobre los estudios de mercado para seleccionar proveedores de materiales destinados a obras comunales. Dos años después, la CGR encontró que en el 100% de los 48 expedientes de contratación por excepción examinados no existían estudios de mercado ni análisis documentados de razonabilidad de precios. La auditoría también identificó concentración de adjudicaciones, fallas de planificación y debilidades en los controles de contratación.
Las dudas sobre la forma en que la Municipalidad de San Carlos seleccionaba a sus proveedores no surgieron con la reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR). Ya desde noviembre de 2024 existían advertencias dentro del propio Concejo Municipal sobre la necesidad de revisar los procedimientos de compra y exigir estudios de mercado que respaldaran la escogencia de las empresas.
El antecedente quedó registrado en el Acta 72-2024, correspondiente a la sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2024, cuando la Comisión de Gobierno y Administración recomendó solicitar explicaciones al Departamento de Proveeduría sobre los mecanismos utilizados para seleccionar a los proveedores de materiales destinados a obras comunales.
La preocupación giraba alrededor de los procedimientos de compra y de la necesidad de conocer si existían estudios de mercado suficientes para justificar la selección de determinados proveedores, en medio de cuestionamientos sobre una posible concentración de adquisiciones en Coopelesca.
La discusión terminó convertida en un acuerdo formal.
Mediante el Acuerdo N.° 42, aprobado por unanimidad y definitivamente, el Concejo Municipal dispuso:
«Presentar al Concejo Municipal, el respectivo análisis y estudio de mercado, realizado por el Departamento de Proveeduría, para la elección de los proveedores de materiales que se necesitan en cumplimiento de obras comunales, de la Municipalidad de San Carlos».
La solicitud quedó consignada en la página 93 del acta.
El antecedente adquiere relevancia porque, posteriormente, la Contraloría identificó precisamente la ausencia de estudios de mercado como una de las principales debilidades de los procedimientos de contratación pública por excepción utilizados por el gobierno local.
La Contraloría encontró incumplimientos generalizados
El 20 de octubre de 2026, la CGR publicó el informe de auditoría de carácter especial DFOE-LOC-IAD-00008-2026, denominado «Gestión de los procedimientos de contratación pública por excepción dirigido a la Municipalidad de San Carlos».
La fiscalización examinó las compras realizadas entre 2024 y 2025.
Durante ese periodo, la Municipalidad tramitó 211 procedimientos mediante diferentes excepciones, por un monto total adjudicado de ?488 millones.
De ese universo, la Contraloría seleccionó una muestra estadística de 48 expedientes, correspondientes a ?103,94 millones.
El resultado fue contundente: en el 100% de los expedientes revisados no se localizaron estudios de mercado ni análisis que permitieran acreditar la razonabilidad de los precios adjudicados.
La CGR concluyó que la gestión de contratación pública por excepción presenta incumplimientos generalizados de aspectos significativos del marco normativo y técnico.
Entre las deficiencias señaladas figuran problemas de planificación, falta de acreditación documental de requisitos, debilidades en los controles internos y deficiencias en la transparencia y trazabilidad de los procedimientos.
Proveedores únicos: una modalidad utilizada en 107 ocasiones
Uno de los datos más relevantes de la auditoría es la utilización de la excepción denominada «proveedor único».
Según el informe, durante 2024 y 2025 se tramitaron 107 procedimientos bajo esa modalidad, por un monto de ?321,47 millones.
Esto representa la mayor parte de las contrataciones por excepción identificadas por la Contraloría.
En la muestra de 48 expedientes se incluyeron 27 procedimientos de proveedor único, por ?59,39 millones.
Sin embargo, la CGR encontró que en 21 de esos 27 casos, equivalentes al 78%, no se respetó el plazo mínimo de tres días hábiles establecido para recibir eventuales manifestaciones de otros proveedores interesados.
Además, en ninguno de esos expedientes se adjuntó el estudio de mercado para determinar los potenciales proveedores ni se acreditó documentalmente la razonabilidad del precio.
La excepción de proveedor único no significa que una institución pueda escoger libremente a una empresa sin justificarlo. La Administración debe demostrar que las condiciones legales para utilizar esa modalidad se cumplen y que no existen alternativas equivalentes en el mercado.
Talleres y reparaciones: otros ?118 millones
La segunda modalidad importante corresponde a las llamadas reparaciones indeterminadas.
La Municipalidad registró 54 procedimientos bajo esa excepción durante el periodo auditado, por ?118,43 millones.
De ellos, 14 fueron incluidos en la muestra de la Contraloría, con adjudicaciones por ?26,61 millones.
La CGR señaló que en esos expedientes no se acreditó que existiera un registro precalificado de oferentes o talleres idóneos derivado de una licitación, situación que limita la publicidad, participación, libre competencia y transparencia.
También cuestionó la falta de análisis que demostraran la razonabilidad de los precios.
El informe agregó que la Municipalidad carecía de un plan de mantenimiento y sustitución de bienes que sirviera como herramienta para planificar las reparaciones y futuras contrataciones.
Maquinaria, repuestos y empresas proveedoras
La documentación de los procedimientos y los anexos obtenidos por El Norte Hoy mediante una solicitud de acceso a información pública permiten profundizar en la identidad de algunos de los proveedores que aparecen en las contrataciones municipales.
Entre las empresas identificadas figuran Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., vinculada con maquinaria John Deere; Maquinaria y Tractores Ltda., distribuidora de Caterpillar, y Corporación Grupo Q Costa Rica S.A., relacionada con marcas como Isuzu y Hyundai.
Uno de los procedimientos documentados corresponde a la compra de aceites y lubricantes originales para maquinaria John Deere, identificado con el número 2025PX-000002-0003600001, por más de ?17,7 millones.
En el apartado de reparaciones también aparecen nombres como Roy Enrique Álvarez Centeno, Taller Fino S.R.L. y Surtidora de Empaques Hidráulicos del Este S.A.
Entre los ejemplos figura una reparación indeterminada de diferenciales adjudicada a Roy Enrique Álvarez por más de ?6,7 millones.
También se registra un mantenimiento de elevador contratado con Prosem Consultoría y Construcción S.A. por casi ?6,6 millones.
La aparición reiterada de proveedores no constituye por sí misma una irregularidad. Sin embargo, cuando se combina con la ausencia de estudios de mercado y las deficiencias señaladas por la Contraloría, resulta indispensable conocer cómo se justificaron esas adjudicaciones y qué alternativas fueron valoradas por la Administración.
Publicidad, capacitaciones y servicios artísticos
La auditoría también incluyó procedimientos relacionados con servicios de comunicación, actividades artísticas y capacitaciones.
En la muestra revisada aparecen contrataciones de medios de comunicación social, con proveedores como el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y comunicadores individuales como Steven Alberto Mora Pizarro y Mayra Castro Barrantes.
La Contraloría determinó que en los cuatro expedientes de pauta publicitaria examinados no se acreditaron adecuadamente los criterios de selección de medios, tomando en cuenta el público meta, las necesidades institucionales y los costos.
Asimismo, se revisaron contrataciones de servicios artísticos, entre ellos monólogos y teatro foro.
Otro caso que llama la atención es la contratación de una capacitación denominada «Ambiente Organizacional», adjudicada a Carol Cristina Lezama Araya por ?11,63 millones.
La CGR señaló que en el expediente no encontró elementos suficientes para demostrar que la capacitación fue abierta al público ni documentación que justificara que la opción seleccionada era la más conveniente para satisfacer la necesidad institucional.
También fallaron los controles sobre posibles conflictos de interés
La fiscalización encontró debilidades en la aplicación del régimen de prohibiciones para contratar con el Estado.
En seis de los 48 expedientes examinados no se acreditó ninguna de las cuatro declaraciones juradas exigidas por la Municipalidad.
En otros 28 procedimientos solamente se adjuntaron algunas de esas declaraciones.
La Contraloría advirtió que estas omisiones reducen la capacidad institucional para verificar adecuadamente los requisitos legales y prevenir eventuales conflictos de interés.
Además, identificó que las herramientas internas creadas por la Administración durante 2026 todavía no estaban formalizadas en los manuales de procedimientos ni se habían divulgado mediante mecanismos suficientes para garantizar su aplicación uniforme.
Una pregunta que vuelve al Concejo Municipal
La secuencia de acontecimientos plantea una interrogante administrativa y política que merece respuesta.
En noviembre de 2024, el Concejo Municipal solicitó a Proveeduría presentar los estudios de mercado utilizados para seleccionar proveedores de materiales destinados a obras comunales.
En octubre de 2026, la Contraloría concluyó que ninguno de los 48 expedientes de contratación por excepción que examinó contenía estudios de mercado ni análisis documentados de razonabilidad de precios.
Aunque se trata de procedimientos y objetos contractuales que no deben confundirse automáticamente, ambos antecedentes ponen sobre la mesa la importancia de los controles previos y de la justificación técnica de las compras públicas.
Ahora corresponde determinar qué respuesta dio Proveeduría al Acuerdo N.° 42, si presentó los estudios solicitados y qué seguimiento realizó el Concejo Municipal.
La CGR estableció disposiciones correctivas para la Administración municipal, entre ellas fortalecer la planificación, formalizar los controles internos, capacitar al personal y elaborar un plan de mantenimiento y sustitución de bienes.
Los plazos de cumplimiento se extienden entre enero y junio de 2027.
La discusión de fondo no es solamente cuántas compras se hicieron por excepción, sino si cada colón del dinero público fue adjudicado con estudios técnicos, precios razonables, justificación suficiente y controles que garantizaran transparencia y competencia.