INTENTO DE FUGA EN LA REFORMA TERMINA CON EL TRASLADO DE 60 PRIVADOS DE LIBERTAD AL CACCO
ALAJUELA. Lo que habría comenzado como un intento de evasión en el complejo penitenciario La Reforma terminó con una medida que alcanzó a seis decenas de privados de libertad. Las autoridades ordenaron trasladar a 60 reclusos al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), luego de detectar daños en una de las paredes de un dormitorio del Centro de Atención Institucional Terrazas.
El incidente ocurrió la noche del lunes 9 de noviembre, cuando oficiales de la Policía Penitenciaria descubrieron que presuntamente varios internos trabajaban en la apertura de un boquete en una de las paredes del dormitorio, con la aparente intención de escapar.
La situación fue detectada pasadas las 8:00 p. m., momento en que los oficiales intervinieron y evitaron que la supuesta fuga llegara a concretarse. Ningún privado de libertad logró abandonar el centro penitenciario.
Sin embargo, las consecuencias de lo ocurrido no se limitaron a los ocho reclusos que, según la información divulgada, habrían participado directamente en la apertura del hueco.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, dispuso el traslado de los 60 ocupantes del dormitorio al CACCO, al considerar que todos cumplen con el perfil de seguridad establecido para permanecer en ese centro de alta contención.
UNA MEDIDA QUE ALCANZÓ A TODO EL DORMITORIO
La decisión significa que los otros 52 privados de libertad también deberán someterse al régimen de máxima seguridad, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente que hayan tenido participación en el presunto intento de fuga.
El CACCO opera bajo condiciones de seguridad más rigurosas que las de otros centros penitenciarios. Su modelo contempla mayores restricciones de movilidad, vigilancia permanente, controles sobre las visitas y las pertenencias, así como un régimen de permanencia en las celdas que puede alcanzar las 23 horas diarias, con una hora destinada a la salida al patio.
El traslado se enmarca en la política de endurecimiento de los controles penitenciarios impulsada por el actual Gobierno para mantener bajo condiciones de mayor vigilancia a personas consideradas de alto riesgo.
El episodio vuelve a colocar sobre la mesa las medidas de seguridad dentro de las cárceles costarricenses y plantea una interrogante sobre el alcance de las decisiones disciplinarias colectivas.
Mientras las autoridades deberán determinar las responsabilidades individuales por los daños detectados en la infraestructura, el caso deja una particularidad: un presunto intento de fuga atribuido a ocho internos terminó provocando el traslado de los 60 ocupantes del dormitorio.
La investigación deberá establecer quiénes participaron y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno.