La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó este jueves, de forma unánime, el expediente 25.618, cuyo objetivo es dotar al Estado de mayores herramientas para combatir el uso de pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo e impulsada por la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano, establece sanciones de 5 a 10 años de prisión por esta actividad ilícita. No obstante, la pena podría elevarse hasta los 15 años de cárcel para aquellas personas que rehabiliten o reutilicen pistas que ya hayan sido previamente inhabilitadas por las autoridades.
Además de las penas privativas de libertad, el proyecto faculta el decomiso y eventual comiso de maquinaria, vehículos, aeronaves y otros bienes que sean empleados en estas operaciones ilegales.
El diputado Gonzalo Ramírez, presidente de la comisión legislativa, subrayó la urgencia de avanzar con esta propuesta para debilitar la logística de las estructuras criminales.
«Tenemos que cerrarles todos los espacios al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que las pistas clandestinas sigan siendo utilizadas para actividades ilícitas. Con este proyecto buscamos darle al Estado herramientas más fuertes para actuar, sancionar y quitarles a estas organizaciones los recursos que utilizan para delinquir», manifestó el legislador.