Cuestionan que se retirara a los areneros bajo el argumento de proteger el río, pero ahora denuncian la presencia de dos quebradores de material en el mismo cauce.
La preocupación por el estado del río Zapote vuelve a tomar fuerza entre vecinos del sector de El Rosario, en Upala, quienes denuncian que el deterioro del afluente continúa y cuestionan lo que consideran una contradicción en las decisiones relacionadas con la protección de este recurso natural.
Según la denuncia vecinal, anteriormente se sacó a los areneros del río bajo el argumento de que sus actividades estaban provocando daños al cauce. Sin embargo, ahora los habitantes cuestionan que existan dos quebradores de material en el sector del río, una situación que consideran incompatible con el discurso de protección ambiental que se utilizó para justificar el retiro de quienes extraían arena.
La molestia no se limita a la presencia de maquinaria o instalaciones. Los vecinos quieren saber quién autorizó estas actividades, bajo qué condiciones operan y qué controles ambientales se están aplicando para evitar afectaciones al río.
Un antecedente que vuelve a poner el tema sobre la mesa
La denuncia tiene un antecedente importante en las publicaciones de El Norte Hoy.
El 4 de mayo de 2026, este medio informó que la Municipalidad de Upala negó haber autorizado extracción de arena en el río Zapote. En aquel momento, el gobierno local aclaró que no tiene competencia legal para otorgar concesiones de extracción en cauces de dominio público.
La Municipalidad señaló que esa potestad corresponde al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Dirección de Geología y Minas (DGM), mientras que la supervisión ambiental corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). También manifestó preocupación por los posibles daños ambientales y pidió reforzar los controles.
Pero existe un antecedente todavía más relevante.
En diciembre de 2022, una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, identificada como R-215-2022-MINAE, abordó una concesión minera para extracción de materiales en el cauce del río Zapote, específicamente en el poblado de El Rosario.
El documento contemplaba aproximadamente 1.988 metros lineales del cauce y señalaba como materiales de explotación arena, lastre y bloques. Además, establecía una tasa de extracción anual recomendada de hasta 20.000 metros cúbicos y un plazo de diez años para el expediente 2017-CDP-PRI-077.
Estos antecedentes hacen necesario aclarar cuál es la situación administrativa y ambiental actual de las actividades que se desarrollan en ese sector.
Un río con importancia histórica y ambiental
El cuestionamiento también adquiere mayor relevancia por el valor histórico y natural del río Zapote. Durante generaciones, este afluente fue una de las principales vías de comunicación utilizadas por los primeros pobladores de Upala, quienes navegaban sus aguas para trasladarse y comerciar con Nicaragua.
El Norte Hoy ha documentado esa importancia histórica, así como el papel del río en el desarrollo de las comunidades asentadas en sus márgenes.
Además, Upala conoce de primera mano las consecuencias de las alteraciones y crecidas de este río. El paso del huracán Otto, en noviembre de 2016, provocó una de las mayores tragedias de la historia reciente del cantón, con inundaciones, destrucción de infraestructura y pérdida de vidas humanas.
Incluso, el pasado 1.º de noviembre de 2026, el río volvió a convertirse en escenario de la Ruta de los Colonizadores, una actividad que buscó rescatar su valor histórico, natural y turístico. Como parte de los preparativos, se realizaron jornadas de limpieza y acondicionamiento de espacios.
¿Protección ambiental para unos y actividad extractiva para otros?
La pregunta que plantean los vecinos de El Rosario es directa: ¿por qué se retiró a quienes extraían arena del río bajo el argumento de proteger el ambiente y ahora se permite, según denuncian, la presencia de dos quebradores de material en el mismo sector?
La ciudadanía merece explicaciones, pero también respuestas documentadas.
Es necesario que el MINAE, la Dirección de Geología y Minas y el SINAC aclaren:
Si los dos quebradores cuentan con las autorizaciones correspondientes.
Si existe una concesión vigente para extracción de materiales en ese sector.
Si las instalaciones se encuentran dentro del área autorizada y respetan las condiciones técnicas y ambientales.
Qué inspecciones se han realizado y cuáles han sido sus resultados.
Si existe algún estudio sobre los efectos de estas actividades en el cauce, las márgenes y el ecosistema.
El río Zapote no puede convertirse en tierra de nadie ni quedar sometido a intereses particulares. Si se retiraron
actividades porque representaban un riesgo para el ambiente, las mismas reglas de protección deben aplicarse a cualquier otra operación que se desarrolle en sus márgenes o dentro de su cauce.
Los vecinos no están pidiendo privilegios. Están reclamando coherencia, transparencia y protección para un recurso natural que pertenece a todos.
La preocupación es que, mientras se habla de rescatar la historia, impulsar el turismo y promover la belleza natural de Upala, el río Zapote siga perdiendo su riqueza sin que las comunidades tengan claridad sobre quién controla lo que sucede en sus aguas.
La protección de los ríos no puede depender de quién extrae el material, sino del cumplimiento de la ley y del respeto al ambiente.