El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 12 costarricenses sospechosos de integrar una red internacional dedicada al intercambio y difusión de material de abuso sexual infantil, en una operación coordinada con autoridades policiales de 17 países.
En Costa Rica, los agentes judiciales efectuaron varias detenciones en vía pública en distintos puntos del territorio nacional, entre ellos Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Cachí de Paraíso, Guácimo de Limón y Cervantes de Cartago.
Durante los operativos también decomisaron teléfonos celulares, cámaras, tabletas electrónicas, discos duros y dispositivos USB, que serán sometidos a análisis como parte de las diligencias investigativas.
Operativo internacional dejó 95 detenidos
La operación policial se desarrolló entre marzo y setiembre de este año y contó con la participación de 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
De acuerdo con un informe de INTERPOL, con sede en Lyon, Francia, el despliegue internacional permitió detener a 95 personas. Del total, el 89 % son hombres y 11% mujeres.
Las investigaciones también permitieron descubrir otros casos de extrema gravedad en la región.
En Colombia, las autoridades rescataron a una víctima menor de cinco años y detuvieron a su padre, señalado como sospechoso de producir y comercializar material de abuso sexual infantil.
En Panamá fue arrestado el administrador del grupo de mensajería utilizado para distribuir los contenidos, mientras que en Argentina las autoridades detuvieron a un hombre acusado de recurrir a la sextorsión contra más de 260 niñas de diferentes países.
Por su parte, en Ecuador fue localizado un sospechoso que presuntamente almacenaba más de 4.000 archivos relacionados con abuso sexual infantil.
El resultado de esta operación evidencia la dimensión transnacional de estas redes criminales y la importancia de la cooperación policial para identificar a sus integrantes, rescatar posibles víctimas y perseguir a quienes producen, almacenan o distribuyen este tipo de material.
Las personas detenidas figuran como sospechosas y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
