El nicaragüense, detenido el pasado 29 de octubre en Costa Rica, se declara inocente de los señalamientos que lo vinculan con la extracción ilegal de oro. Su defensa cuestiona las pruebas y advierte sobre los riesgos de enviarlo a Nicaragua.
La posible extradición de René Navarrete a Nicaragua genera cuestionamientos de organizaciones campesinas en el exilio, que rechazan las acusaciones formuladas en su contra por supuestos vínculos con la extracción ilegal de oro y exigen a las autoridades costarricenses presentar pruebas contundentes.
Navarrete, detenido el pasado 29 de octubre, sostiene que es inocente y niega haber participado en actividades de extracción de oro. Sus compañeros de trabajo y organizaciones que respaldan su caso aseguran que nunca fue detenido en una mina, sino en una comunidad de San Cristóbal.
“Es absurdo. Si quieren confirmar que es coligallero, ¡muestren las pruebas!”, reclamaron las organizaciones, que consideran que los señalamientos buscan acelerar su extradición hacia Nicaragua.
El caso también ha generado preocupación por el destino que podría enfrentar Navarrete si es entregado a las autoridades nicaragüenses.
El detenido escribió recientemente una carta dirigida a las autoridades costarricenses en la que solicita que se valore su situación y se evite su extradición. Argumenta que su traslado provocaría sufrimiento a sus seres queridos y manifiesta temor de correr una suerte similar a la de Douglas Gamaliel, cuya situación, según denuncias de organizaciones, estaría marcada por presuntos malos tratos y falta de información pública sobre su paradero.
Abogado cuestiona el procedimiento
El abogado costarricense José Silva también se refirió al caso y cuestionó la solidez de los señalamientos contra Navarrete.
Según las declaraciones atribuidas al jurista, las autoridades deben presentar elementos probatorios concretos y no fundamentar acusaciones en referencias de terceros sin respaldo suficiente.
Silva sostuvo que Costa Rica, como Estado firmante de la Convención contra la Tortura, tiene obligaciones internacionales de protección frente al riesgo de que una persona sea enviada a un país donde pueda sufrir tortura.
Además, planteó que Navarrete debería enfrentar cualquier eventual proceso judicial en territorio costarricense y no ser extraditado, posición que deberá analizarse a la luz de las normas y resoluciones aplicables al expediente.
Las organizaciones que respaldan al nicaragüense también cuestionan lo que consideran un trato contradictorio de las autoridades costarricenses frente a solicitudes de extradición provenientes de Nicaragua.
En ese contexto, mencionan el caso de Valdez, señalado por su presunta participación en el asesinato de una madre y su hija en Guanacaste, cuya entrega, aseguran, habría sido rechazada por las autoridades nicaragüenses.
Mientras se desarrolla la discusión sobre su situación jurídica, René Navarrete insiste en su inocencia y asegura que continuará luchando para demostrarla.
El caso plantea interrogantes sobre las garantías judiciales, la cooperación internacional y las obligaciones de Costa Rica cuando existe un posible riesgo de tortura o persecución política en el país solicitante.
Las acusaciones contra Navarrete, las denuncias sobre su posible persecución política y las condiciones atribuidas a otros detenidos corresponden a señalamientos de las organizaciones y personas citadas, y requieren verificación independiente. La solicitud de extradición y sus fundamentos deben valorarse conforme al expediente judicial.
Información por Darío medios Internacional
