La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva e independiente que permita identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del crimen.
Mediante un pronunciamiento divulgado este martes 17 de noviembre, la organización hemisférica, que agrupa a más de 1.300 medios de comunicación, manifestó su preocupación por el homicidio del comunicador, ocurrido la tarde del lunes en la ruta 32, en el sector de San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
La SIP también pidió determinar si el ataque estuvo relacionado con las publicaciones que Rodríguez difundía en redes sociales, en las que denunciaba presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción y supuestas irregularidades en la administración pública.
El asesinato fue perpetrado alrededor de las 3:15 p. m., cuando el periodista regresaba de Guápiles, donde dirigía el medio de comunicación El Guapileño.
De acuerdo con información preliminar, dos motocicletas interceptaron el vehículo tipo pick-up rojo que conducía Rodríguez. Los ocupantes lo rodearon y dispararon desde ambos costados, mientras permanecía detenido en una presa vehicular. Posteriormente, los atacantes huyeron en dirección a Tibás.
Un video captó parte del recorrido de las motocicletas involucradas en el ataque.
Este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que no descarta la participación de más personas en la planificación y ejecución del homicidio.
En los últimos años, Rodríguez había adquirido notoriedad por sus publicaciones en redes sociales, donde señalaba a figuras políticas, funcionarios públicos y otras personas por supuestos vínculos con estructuras del narcotráfico y hechos de corrupción. Según el pronunciamiento de la SIP, el periodista aseguraba que trasladaba sus investigaciones a la agencia antidrogas estadounidense DEA.
Había buscado ayuda ante amenazas
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que Rodríguez había buscado apoyo de la Fiscalía debido a amenazas en su contra y que fue remitido al Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Sin embargo, según explicó el jerarca, el comunicador rechazó incorporarse al mecanismo institucional de protección.
Por otra parte, el Ministerio de Educación Pública (MEP) negó que algún vehículo institucional hubiera sido utilizado para dar seguimiento al periodista.
El pronunciamiento de la SIP coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de esclarecer si el asesinato estuvo vinculado con el ejercicio de la actividad periodística y las denuncias que Rodríguez realizó públicamente.
La investigación deberá determinar quién ordenó el crimen, quiénes lo ejecutaron y cuáles fueron las verdaderas motivaciones detrás de un ataque que sacude al periodismo costarricense y genera preocupación por la seguridad de quienes realizan denuncias de interés público.
