El Estado de la Nación 2026 advierte que las organizaciones criminales ampliaron su presencia de 17 a 37 cantones en cinco años. San Carlos aparece entre los territorios identificados desde el inicio del período, mientras las estructuras delictivas extendieron sus operaciones hacia nuevas regiones del país.
San Carlos figura entre los cantones costarricenses donde el crimen organizado ha logrado establecer presencia, en medio de una expansión territorial que preocupa a las autoridades y que quedó documentada en el Informe Estado de la Nación 2026.

El estudio revela que las organizaciones criminales identificadas por las autoridades pasaron de tener presencia en 17 cantones en 2020 a extenderse a 37 en 2025. Esto representa un crecimiento de más del doble en apenas cinco años y evidencia cómo las estructuras delictivas han ampliado su radio de operaciones fuera de los tradicionales centros de actividad criminal.
Para la Región Huetar Norte, el señalamiento tiene especial relevancia porque San Carlos aparece entre los territorios donde ya se identificaba presencia de estas organizaciones durante el período inicial analizado.
El informe señala que, inicialmente, las estructuras criminales se concentraban principalmente en el Valle Central, San Carlos y la región Caribe. Posteriormente, extendieron sus operaciones hacia el oeste del país y diferentes sectores de la costa del Pacífico.

La investigación también advierte que la expansión de estas organizaciones está relacionada con territorios que presentan menores niveles de desarrollo y oportunidades económicas, donde las condiciones sociales pueden facilitar el establecimiento de actividades ilícitas.
Organizaciones criminales crecieron 2,4 veces
Uno de los datos más preocupantes del informe es que la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas creció 2,4 veces entre 2020 y 2025.
La expansión no se limita al tráfico de drogas. Las estructuras delictivas han diversificado sus negocios mediante actividades como el contrabando, el lavado de dinero, los delitos ambientales, las estafas y los préstamos informales conocidos como «gota a gota».
Estas actividades permiten generar importantes flujos de dinero que posteriormente pueden intentar introducirse en la economía formal mediante negocios, inversiones y operaciones financieras.
El documento denomina este fenómeno la «tercera economía» del país: una economía criminal que funciona paralelamente a las actividades legales y que busca aprovechar las debilidades institucionales para consolidar sus recursos y ampliar su influencia.
Aumentan las denuncias por comercio de drogas
El crecimiento territorial de las organizaciones coincide con un incremento en las denuncias relacionadas con el comercio de drogas.
En 2024 se registraron 1.211 denuncias, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 1.427, lo que representa un crecimiento del 18%.
El Estado de la Nación relaciona esta tendencia con la ampliación de los territorios donde las autoridades han identificado organizaciones criminales.
Las regiones costeras tienen particular importancia debido a las rutas marítimas utilizadas para transportar drogas por el Pacífico y el Caribe. En ese contexto, el puerto de Moín aparece señalado como un punto estratégico para la exportación de sustancias ilícitas hacia el hemisferio norte.
El crimen también golpea el transporte de mercancías
El informe identifica una estrecha relación entre las organizaciones delictivas y el comercio ilícito.
Los asaltos y hurtos a vehículos transportistas aumentaron un 29% durante una década. Además, el 90% de los incidentes registrados se concentró en rutas que conectan los puertos de Caldera y Moín con el Valle Central.
Esta situación evidencia que las actividades criminales no se limitan a la distribución de drogas, sino que también afectan las cadenas de transporte y comercio del país.
Lavado de dinero: el otro gran peligro
El Estado de la Nación advierte que uno de los mayores riesgos es que las ganancias del crimen organizado terminen mezclándose con recursos provenientes de actividades legítimas.
Entre las principales vulnerabilidades financieras identificadas están los operadores informales de cambio de moneda, los movimientos injustificados de efectivo y las operaciones que carecen de respaldo documental.
La infiltración de capitales ilícitos puede distorsionar los precios del mercado, afectar la competencia de los negocios legítimos, debilitar las instituciones y generar nuevas formas de poder económico.
San Carlos ante un desafío que va más allá de los homicidios
La presencia de organizaciones criminales en San Carlos debe analizarse dentro de un fenómeno nacional que ha venido ampliando sus fronteras territoriales y diversificando sus actividades.
El informe advierte que Costa Rica enfrenta dificultades para medir con precisión el tamaño de esta economía criminal y determinar cuánto dinero ilícito circula dentro de los sectores formales e informales.
También aclara que la cantidad de organizaciones identificadas y desarticuladas no permite establecer por sí sola el nivel de criminalidad de cada cantón.
Sin embargo, el señalamiento de San Carlos entre los territorios donde se identificó presencia de estas estructuras constituye una alerta para la Región Huetar Norte.
El desafío no consiste únicamente en detener integrantes de bandas o decomisar drogas y armas. También implica impedir que las organizaciones criminales consoliden redes económicas, territoriales y financieras capaces de penetrar las actividades legales.
La expansión de 17 a 37 cantones deja una advertencia clara: el crimen organizado dejó de concentrarse en determinados puntos del país y extendió sus operaciones a una parte mucho mayor del territorio costarricense. San Carlos está dentro de ese mapa.
Fuente: Informe Estado de la Nación 2026, capítulo sobre economía criminal y expansión territorial de las organizaciones delictivas.
