- Proyecto 21.524 establece un régimen especial en aportes de cuotas obrero-patronales y en los recursos que se trasladan al IMAS, Fodesaf y en el pago de pólizas de Riesgos del Trabajo del INS.
- Red de Incubación y Aceleración propone plantear programas de desarrollo para fomentar el emprendimiento en zonas rurales de la mano con el INA.
En momentos en que en Costa Rica el desempleo alcanza un 18,5% de la población y urgen medidas que permitan reactivar la economía, el Plenario legislativo aprobó en primer debate el proyecto 21.524 Ley de Fomento e Incentivos a los Emprendimientos y Microempresas.
Este proyecto fue presentado por la diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) María José Corrales.
“Las secuelas que ha dejado esta pandemia, sobre el estado de la economía, son preocupantes. Urgen acciones que fomenten la productividad, la innovación y la generación de empleo y eso precisamente es lo que persigue este proyecto de ley aprobado en primer debate, que busca atender problemas estructurales que incluso venían arrastrándose desde antes de la emergencia nacional producto de la ausencia de una ruta clara que permita apoyar, sobre todo, a los pequeños emprendimientos”, manifestó la diputada María José Corrales.
Régimen diferenciado
La iniciativa de ley establece que los microempresarios y los nuevos emprendimientos podrán acceder a un régimen especial en el pago de cuotas obrero-patronales, según lo determine la Caja Costarricense de Seguro Social, en el marco de su autonomía.
Además, establecería tarifas especiales en los aportes que deben realizar estas microempresas al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y en las pólizas de Riesgos del Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
En este caso, podrán acceder a estos beneficios aquellos patronos que cuenten con un máximo de cinco trabajadores, por una única vez, por un periodo de cuatro años no prorrogables.
Otra de las consideraciones a favor de la reactivación de la economía, que contiene el proyecto de ley, es que faculta a una simplificación de trámites que los microempresarios deben hacer ante las municipalidades.
En este apartado, se indica que, entre las municipalidades, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se puedan diseñar los procedimientos técnicos para establecer un régimen simplificado que acorte los tiempos y trámites que realiza el dueño de un emprendimiento.
“A muchas empresas, más aún a las pequeñas, les generan grandes pérdidas económicas y de tiempo la tardanza para poder formalizarse y así iniciar operaciones. Ese cuello de botella debemos soltarlo de una vez por todas. Un país que avanza, que crece, que aspira a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, pone en práctica medidas que vengan a representar un ahorro, en tiempo y dinero, en los trámites que realicen sus usuarios, en este caso, ante los gobiernos locales”, señaló la diputada Corrales.
Red de incubación y aceleración
La otra parte del proyecto propone la creación de la Red Nacional de Incubación y Aceleración, que se encargará de articular la estrategia nacional que fomente la innovación, el surgimiento de emprendimientos y su éxito en el mercado.
Contempla el acceso a más financiamiento para el desarrollo de proyectos, la potenciación del capital humano, el reforzamiento de los encadenamientos productivos y el fomento de programas regionales que beneficien la productividad en las zonas rurales.
“San Carlos, por ejemplo, es un polo de desarrollo que puede y debe explotarse. Existe talento que requiere los espacios para echar a andar ideas que aporten a la inclusión social y económica. Cerrar esas brechas apoyando la incubación y aceleración de nuevas ideas de negocio, de la mano de instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, por ejemplo, es otro de los componentes de este proyecto que hemos aprobado”, concluyó la diputada María José Corrales.
