Por el Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja
Abogado – Ecologista
Exdiputado de la República
En días recientes este Diario (La Nación) editorializó sobre la grave situación que viven las comunidades aledañas a la zona de Crucitas por la contaminación con mercurio en sus fuentes de agua.
La preocupación expresada es totalmente justificada. Quisiéramos más bien que la atención sobre esas comunidades abandonadas se mantuviera siempre.
La noticia es que sus fuentes de agua se contaminaron con mercurio; pero nadie repara en que ni siquiera tienen acueductos, ni caminos de acceso dignos para sacar sus productos agropecuarios. Al Estado nunca le ha interesado invertir allí, a pesar del esfuerzo que hicimos desde la Asamblea Legislativa para que eso cambiara.
Parece que esas comunidades a nadie le importan, si no es para justificar la falsa idea de que la legalización de la minería irregular va a resolver, como por arte de magia, los problemas que han padecido, no de ahora, sino de siempre.
Quisiéramos creer que en algunos casos son genuinas las preocupaciones de quienes proponen la legalización de la minería en la zona. De ser así, reflejarían desconocimiento de las realidades de la extracción minera de oro, legal o ilegal, en América Latina y sobre todo en el trópico húmedo de nuestro planeta.
Sin embargo, en muchas otras ocasiones las propuestas de legalización de la minería de oro a cielo abierto son interesadas, y no precisamente en beneficio de las comunidades. Pocos, pero muy poderosos intereses, están detrás de que Costa Rica desande el camino que la ha colocado como ejemplo en el mundo en desarrollo sustentable. No importa la gente. Importa el negocio.
Hablando de negocio, no habría peor para el país que el retroceso en la protección ambiental que implica la relegalización de la minería de oro a cielo abierto. Sólo sería bueno para unos pocos y lejos de las comunidades.
Es mal negocio atentar contra la imagen de sostenibilidad ambiental del país.
Es una de nuestras principales ventajas competitivas para la atracción de inversiones sanas. Costa Rica es
atractivo para la inversión que busque destacarse por desarrollar actividades sostenibles. Esa inversión no hará más que crecer en las próximas décadas bajo el impulso de la lucha contra el cambio climático que libran muchos países, -sobre todo de la Unión Europea-, para que las actividades altamente contaminantes cambien a modelos cada vez más sostenibles. Costa Rica tiene abiertas grandes oportunidades para el futuro, siempre y cuando siga conservando y fortaleciendo su imagen sostenible en el plano mundial.
Esa ventaja competitiva ya le trajo enormes beneficios al país. Costa Rica es hoy una potencia mundial en turismo por nuestros esfuerzos de sustentabilidad y necesitamos mantener esa imagen para seguir atrayendo turistas.
De acuerdo con algunos estudios realizados, la extracción del oro en roca dura en la zona de Crucitas generaría aproximadamente $2,500 millones en 10 años. Eso equivaldría al ingreso en prepandemia de un año en turismo.
Lo existente en zonas más superficiales (saprolita) podría generar poco más de $1,600 millones
en un periodo parecido pero dañando un área mayor (entre 1,500 y 2,000 hectáreas).
El negocio de la minería metálica a cielo abierto es una actividad que para que sea rentable para unos pocos, requiere que sus costos de producción lo paguen muchos otros con su propia calidad de vida. Indistintamente si es legal o ilegal.
De acuerdo con el fallido proyecto de Industrias Infinito, la extracción requeriría arrancar de cuajo, no sólo todo el bosque existente en el área de extracción (unas 150 hectáreas), sino desaparecer los cerros Fortuna y Botija, para dejar un enorme cráter con ruptura del manto acuífero regional y riesgo de emisión de drenaje ácido con liberación de metales pesados al ambiente por cientos de años.
El procesamiento de esos miles de toneladas de material requiere la aplicación de millones de litros cúbicos de agua con cianuro, que luego de la extracción del oro requerirían estar por cientos de años en lagunas de relaves de cientos de hectáreas, con el riesgo permanente de enormes tragedias por derrames que llegarían al río San Juan en minutos.
Los que vayan “legalmente” por ese oro, una vez que lo saquen, se irán de ahí. Se llevarán toda la ganancia del negocio. Ya no les importará ni el cráter, ni las lagunas de relaves con riesgo permanente de enormes tragedias. ¿A quién le tocará lidiar con todas esas consecuencias? Pues como siempre, a esas comunidades abandonadas y a nuestra sociedad en su conjunto.
Si realmente nos interesa la gente, necesitamos que las propuestas de solución para la zona fronteriza de Crucitas se inspiren en el desarrollo sustentable. En garantizar vida digna para la gente hoy sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.
La sostenibilidad y la sustentabilidad no pueden entenderse ni vivirse en la desigualdad. Son incompatibles con la pobreza extrema y la acumulación obscena de riqueza. La minería irregular es una consecuencia de esa desigualdad y falta de oportunidades, que no va a resolver la minería legal, como no la ha resuelto en Colombia, Brasil, Venezuela o Ecuador, que tienen legalizada la minería de oro a cielo abierto y todavía luchan contra el flagelo de la minería irregular y la mafia.
La minería irregular no es producto de su ilegalización. Es producto de la necesidad y de la pobreza. Eso no ha cambiado en los países en que la minería es legal.
