El día 18 de marzo del 2019, Sergio Rojas Ortíz, activista
indígena Bribri de Salitre, fue asesinado de 15 balazos, en su casa. Desde entonces la
Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento al proceso judicial seguido
ante el homicidio del líder indígena. Recientemente, la institución tuvo conocimiento de
que se ha programado una audiencia oral y privada para los días 07 y 08 de diciembre.
Transcurridos más de cuatro años de este atroz crimen, que conmocionó a la comunidad
de Salitre y al país, recordamos que varios años antes, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos había emitido la Medida Cautelar 321-12 del 30 de abril de 2015,
mediante la cual acogió la solicitud de medidas en favor del “pueblo indígena de Teribe
y del pueblo indígena Bribri de Salitre” al valorar que los antecedentes y prueba ofrecida
en relación con el hostigamiento y amenazas contra el pueblo y contra líderes indígenas,
reunían las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad.
De ahí que, dispuso solicitar al Estado costarricense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida yla integridad física de los miembros de ambos pueblos e informar sobre las acciones
adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción
de dicha medida cautelar y así evitar su repetición.
La Defensoría lamenta que han sido escasos e infructuosos los esfuerzos y acciones
adoptadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a
las cuales pretendía tutelar esta medida cautelar; ejemplo de ello son las muertes del
propio Sergio Rojas como la de Jerhy Rivera, líder indígena Teribe de Térraba.
Asimismo, expresa preocupación por el escalamiento de episodios de violencia en
diferentes territorios indígenas del país, del cual no escapan Salitre y Térraba, aún
después del dictado de la medida cautelar, en virtud de la inercia estatal en los procesos
de reivindicación de tierras pertenecientes a pueblos indígenas.
En su Informe Anual 2019-2020, la Defensoría de los Habitantes había alertado que “en
algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos
de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de
derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie
por todos estos hechos.”
Nuevamente, la Defensoría de los Habitantes hace un vehemente llamado para que se
haga justicia pronta y cumplida en el caso del líder Sergio Rojas Ortíz y evitar la
impunidad.
