Una comisión especial de la Asamblea Legislativa ha anunciado su decisión de iniciar una exhaustiva investigación sobre el controvertido contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la empresa MECO, valuado en ¢21.800 millones, destinado a la reparación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia. Este acuerdo ha sido el epicentro de una serie de eventos que culminaron con la destitución del exministro Luis Amador y su posterior «autoexilio» en Canadá.
La Comisión de Infraestructura, compuesta por diputados, ha dado luz verde a esta investigación, según informaron fuentes del Congreso la noche anterior. La polémica en torno a este contrato surgió después de que el presidente Rodrigo Chaves ordenara la destitución de Amador y del entonces director de Aviación Civil, Fernando Naranjo, argumentando irregularidades en el proceso de licitación que resultaron en un presunto sobreprecio de $2 millones.
A pesar de no encontrar evidencia de corrupción en las acciones del exministro Amador, el presidente Chaves expresó preocupación por la gestión técnica del contrato. En lugar de presentar cargos penales, Chaves remitió un informe detallado a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República para su evaluación.
La Fiscalía ha confirmado que está investigando el caso, incluyendo al exministro Amador, al presidente Chaves, a la ministra de la Presidencia Natalia Díaz y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado. Estas investigaciones giran en torno a un decreto que declaró la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber como una emergencia nacional.
En medio de esta controversia, el exministro Amador emitió un comunicado antes de su partida hacia Canadá, donde se encuentra actualmente residiendo. En dicho comunicado, expresó su deseo de regresar en el futuro y su compromiso con el país. Sin embargo, poco después de su salida, agentes de la Fiscalía y el OIJ confiscaron sus dispositivos electrónicos como parte de la investigación en curso.
La investigación legislativa convocará a comparecer a diversas figuras clave, incluyendo al exministro Amador, a la ministra de la Presidencia Díaz y a funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil y otras entidades relacionadas con el contrato. Este proceso busca esclarecer los detalles del acuerdo y determinar si hubo irregularidades en su adjudicación y ejecución.
