La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió informe de abril de este año donde señala el impacto en la libertad de prensa que tiene la conducta del mandatario Rodrigo Chaves
Esto detalla SIP:
“En este período, la conducta del presidente Rodrigo Chaves en contra de medios y periodistas continuó teniendo impacto sobre la libertad de prensa.
El 5 de diciembre, el presidente Chaves denunció penalmente al diario La Nación y a la exministra de Comunicación Patricia Navarro por divulgar unos audios, grabados por ella, sobre la contratación de un estratega de comunicación con fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El director del medio, Armando González, dijo que habían cumplido con «el deber» que tienen los periodistas de «informar a la sociedad de los asuntos de interés público» que llegan a su conocimiento. Según expertos legales, es muy limitada la posibilidad de que la acusación prospere.
En una comparecencia legislativa del 1 de abril, Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas, reveló que, tras una investigación realizada por esa institución, determinaron que un grupo de manifestantes que agredió a un periodista y un camarógrafo del noticiero TV Once (ya desaparecido) tenía constante comunicación y vínculos con tres diputados de la fracción de gobierno. Esto generó intensos ataques verbales en contra del Colegio y su presidente por parte de la jefa de esa fracción, Pilar Cisneros, del presidente Chaves y el ministro de Comunicación.
Noguera había sido convocada a declarar por una comisión legislativa establecida el 13 de septiembre que investiga sobre el manejo gubernamental de la publicidad estatal. La comisión aún no rindió su informe, pero varios comparecientes revelaron irregularidades en el manejo de la pauta, mediante una «agencia de publicidad» del Sistema Nacional de Radio y Televisión, propiedad del Estado.
El 4 de abril, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sentenció que una serie de declaraciones emitidas por el presidente Chaves y la entonces ministra de Salud Joselyn Chacón afectaron la libertad de expresión y podrían estimular el hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación. Esta apreciación forma parte del voto completo de la sentencia que, el 23 de mayo de 2023, declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra ambos funcionarios por el periodista Jason Ureña, que entonces trabajaba en el medio digital CRHoy. En una conferencia de prensa del 9 de enero de 2023, Chaves y Chacón calificaron a Ureña y otros periodistas de La Nación y el noticiero Telenoticias como «banda», «sicarios políticos», «malditos», «asesinos a sueldo» y «montón de lobos».
El 4 de abril, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), un órgano técnico independiente del Poder Ejecutivo rechazó en un comunicado lo que llamó «insinuaciones» del presidente Chaves en su contra. El presidente dio a entender que la SUTEL pretende favorecer a algunas emisoras de radio y televisión con la adjudicación de frecuencias y que podría ser responsable de un «apagón» de frecuencias.
El 28 de junio vencerá la mayoría de las concesiones, pero SUTEL reveló que, hasta ahora, el Ejecutivo no aclaró si desea realizar una ampliación de las existentes o hacer un nuevo concurso para su otorgamiento. Desde que asumió el poder, el 8 de mayo de 2022, el presidente Chaves se ha referido a las frecuencias con un lenguaje ambiguo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las concesiones.
En un avance positivo, el 4 de noviembre la Sala Constitucional aceptó un recurso de amparo contra el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, por violar los derechos fundamentales de tres periodistas del medio de verificación informativa Doble Check, de la Universidad de Costa Rica, por incumplir su obligación de entregar información pública. El recurso de amparo había sido planteado el 6 de septiembre por los periodistas David Bolaños, Isaura Gutiérrez y Arianna Villalobos, luego de que en cinco oportunidades se les negaran datos solicitados.
El 31 de marzo, se le impidió entrar al país y retuvo el pasaporte al periodista británico Karl Penhaul que viajaba desde España. Penhaul permaneció dos días recluido en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. El periodista calificó la decisión como «retención forzada». Dijo que su intención era reunirse con periodistas independientes con los que colabora. Las autoridades de Migración y el ministro de Seguridad Pública dieron razones sobre esa decisión, solo indicaron que el periodista no era apto para ingresar; aunque se supo que Penhaul está incluido en una lista de «no vuelo» del gobierno de EE.UU.
El 21 de marzo, la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo presentado por periodistas del diario Extra, del programa televisivo Noticias Repretel y del medio digital CRHoy. El recurso es contra tres funcionarios por obstruir el trabajo de los periodistas. Los funcionarios son: Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, Jaffrey Cerdas, director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y Martha Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Los periodistas fueron obstruidos durante una comparecencia de Esquivel ante una comisión legislativa, por los guardaespaldas de la funcionaria y agente de la UEI.
