La intervención de la Justicia en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina fue crucial para asegurar la vacunación de una menor de edad, incluso en contra de la oposición de sus padres, quienes seguían una postura ideológica anti vacunas.
Gracias al principio de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, el Juzgado número 1, bajo la dirección de la jueza de Familia Guillermina Sosa, ordenó la intervención para completar el esquema de vacunación en un hospital regional.
A pesar de la resistencia inicial de los padres, quienes se identificaban con el movimiento «anti vacunas», los profesionales de salud comunicaron la situación a la Justicia. La jueza Jorgelina Castillo, del Juzgado número 2, en turno en ese momento, dictaminó la aplicación compulsiva de las vacunas, garantizando así la protección de la menor.
La orden judicial no solo incluyó la vacunación, sino también la provisión de un tratamiento complementario relacionado con las quemaduras que había sufrido la niña. Los médicos descubrieron que la menor solo había recibido las vacunas obligatorias al nacer, careciendo del resto del esquema necesario para su salud.
Aunque la jueza Guillermina Sosa no pudo comentar sobre el caso en particular, destacó que en situaciones como esta, el interés superior del niño debe prevalecer sobre las convicciones ideológicas de los padres. La vulnerabilidad inherente de los niños, tanto por su edad como por su condición médica, implica una responsabilidad legal y moral de proteger su bienestar por encima de cualquier otra consideración.
