“Ruta del Arroz” recobra su ruta y restablece precios tras fallo

La suspensión temporal de la Ruta del Arroz, el buque insignia del Gobierno, ha sido dictaminada por una juez del Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda mediante una medida cautelar, revocando así el decreto ejecutivo que redujo los aranceles a la importación de arroz, según lo estipula la resolución N° 2024002127 del 2 de abril del 2024.

Con la anulación del decreto ejecutivo N°43642, que introdujo los cambios arancelarios, se restaura el modelo anterior de fijación de precios.

Esta medida cautelar, solicitada desde 2022 por el Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífico y Brunca Costarricense, refleja una larga batalla legal en torno a esta política gubernamental.

A pesar de las promesas del Gobierno de reducir los aranceles para disminuir los precios del arroz importado, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran una reducción mínima del precio del producto, del -0,55%, desde julio de 2022 hasta febrero de 2024, lo que apenas representa una disminución inferior al 1%.

Los principales beneficiarios de la desregulación arancelaria han sido los empresarios importadores, cuyas importaciones de arroz han aumentado significativamente, pasando de 151,849 toneladas a 307,311 toneladas, con un incremento correspondiente en el valor de las importaciones. Sin embargo, este aumento en las importaciones ha coincidido con una disminución drástica en las hectáreas cultivadas de arroz en el país, así como en la producción nacional, según datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

La jueza Patricia Calderón, en su resolución, señala que la falta de reducción significativa en el precio del arroz no ha beneficiado a la población en general, como era la intención original del decreto ejecutivo. En lugar de eso, los principales beneficiarios han sido los importadores, mientras que el sector nacional productor de arroz ha sufrido notables perjuicios, sin una compensación proporcional en los precios para los consumidores.

La administración de justicia enfatiza que, a pesar de la capacidad de los importadores para ofrecer precios más bajos, este beneficio no se ha traducido en una mejora para la mayoría de la población.