Un grupo de abogados solicitó, en medio de una investigación sobre Nicaragua en Argentina, la captura internacional de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, por una serie de crímenes de lesa humanida
Un grupo de abogados solicitó, en medio de una investigación contra el régimen sandinista en Argentina, la captura internacional del dictador de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, por cometer una serie de crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos.
Los abogados han instado a la Justicia a actuar contra altos funcionarios del régimen sandinista por su participación en estos crímenes de lesa humanidad.
Darío Richarte, uno de los abogados denunciantes y que lleva el caso de denuncia ante la justicia de argentina, explicó a Infobae este martes 27 de agosto que “la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”.
Un grupo de abogados solicitó, en medio de una investigación contra el régimen sandinista en Argentina, la captura internacional del dictador de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, por cometer una serie de crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos.
Los abogados han instado a la Justicia a actuar contra altos funcionarios del régimen sandinista por su participación en estos crímenes de lesa humanidad.
Darío Richarte, uno de los abogados denunciantes y que lleva el caso de denuncia ante la justicia de argentina, explicó a Infobae este martes 27 de agosto que “la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”.
“A esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”, señaló Richarte.
“El Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”, agregó.
Los argumentos presentados
Entre los argumentos presentados, según el medio argentino, se destacó la necesidad de estas medidas para asegurar la comparecencia de los acusados y evitar que interfieran con la investigación, como ya han intentado hacerlo.
Los abogados subrayan que la situación en Nicaragua ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además se hizo la solicitud en referencia a los principios del derecho internacional establecidos tras los juicios de Núremberg, que imponen responsabilidades penales a los jefes de Estado por crímenes graves, independientemente de su cargo.
Además de Ortega y Murillo, los otros investigados son Francisco Díaz, jefe de la Policía; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), general en retiro Óscar Mojica.
También figuran en la lista, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); Óscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa; Sonia Castro, exministra de Salud y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).
A parte de ellos, se sumó a la lista la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera Sacasa, quien es investigada por la justicia de Argentina por delitos de lesa humanidad a raíz de la represión contra las protestas antigubernamentales del 2018 en Nicaragua.
